Al
menos 68 niños entre las víctimas
ESPAÑA (ANB / Tomado de El País).- Al menos 126 personas, entre ellos 68 niños, han muerto y
decenas más resultaron heridas el sábado cerca de Alepo a consecuencia de la
explosión de un vehículo cargado con explosivos junto a los convoyes que
llevaban a cabo la evacuación pactada el viernes por el régimen y los rebeldes
de Siria, según el balance de víctimas actualizado el domingo por el
Observatorio Sirio para los Derechos Humanos.
El
acuerdo tenía como objetivo el traslado a zonas seguras de unos 30.000 civiles
y combatientes desde cuatro poblaciones asediadas, dos en manos del Gobierno y
otras dos en poder de la oposición. La gravedad del estado de muchos de los
heridos hace temer que se incremente aún más el balance de víctimas mortales.
Imágenes
de una web local difundidas por la agencia Reuters mostraban varios cadáveres,
entre ellos los de varias mujeres y niños, junto a varios autobuses humeantes,
así como decenas de heridos, algunos con miembros amputados por la onda
expansiva, en uno de los atentados más graves registrados en el conflicto sirio.
Testigos del ataque relataron a un periodista de France Presse que una
furgoneta supuestamente cargada con ayuda humanitaria se había empotrado contra
un convoy, formado por unos 75 autocares, antes de que estallara.
La
operación de desplazamiento de población sitiada había quedado paralizada en la
mañana del sábado en Rachidin, en un área insurgente situada al oeste de Alepo,
ciudad controlada en su totalidad por el régimen desde el pasado diciembre. Las
discrepancias sobre el número de milicianos armados que podían ser
transportados parecían ser la causa del bloqueo.
Unos
5.000 evacuados desde las localidades chiíes gubernamentales de Al Fua y
Kefraya (Idlib, noroeste) se hallaban retenidos en punto donde se produjo la
explosión. El Observatorio precisó la gran mayoría de las víctimas mortales
procedían de ambas poblaciones, aunque también perecieron algunos miembros de
las unidades de la oposición que vigilaban la caravana o formaban parte de
equipos de ayuda humanitaria.
Otros
2.200 civiles y combatientes procedentes de los pueblos suníes insurrectos de
Madaya y Zabadani, en la provincia de Damasco, se encontraban también retenidos
por las tropas leales al presidente Bachar el Asad en Ramusa, un nudo de
carreteras de la periferia suroeste de Alepo. La evacuación se reanudó en ambas
zonas al anochecer del sábado.
Las
cuatro localidades evacuadas se encontraban asediadas desde 2015 por las
respectivas fuerzas enemigas. El acuerdo para el traslado de la población fue
alcanzado el pasado marzo con la mediación de Irán, aliado del Gobierno, y de
Qatar, que apoya a la oposición, aunque no había podido ponerse en marcha hasta
ahora ante la desconfianza generada entre los contendientes tras más de seis
años de guerra civil.
Está
previsto que los partidarios de la oposición se trasladasen a la provincia de
Idlib, el principal feudo insurgente en el norte de Siria, en tanto que los de
las zonas gubernamentales cercadas deben dirigirse a Alepo, Latakia o Damasco.
Entre los evacuados viajan un gran número de mujeres, niños y ancianos, así
como centenares de combatientes gubernamentales e insurgentes autorizados a
conservar sus armas ligeras. El régimen y los rebeldes intercambiaron
acusaciones sobre la autoría del atentado, que aún no ha sido reivindicado.
Naciones
Unidas ha intentado llevar ayuda humanitaria a las poblaciones asediadas, pero
apenas ha conseguido enviar unos pocos convoyes con alimentos y medicinas desde
2015. Los casos de desnutrición y enfermedades se han multiplicado. Unas
600.000 personas viven en zonas sitiadas por tropas enemigas y cerca de cinco
millones de sirios se encuentran en zonas de difícil acceso a causa de la
guerra.
En
los últimos meses, el régimen de El Asad ha ofrecido a los rebeldes una serie
de “acuerdos de reconciliación local” para que abandonen los reductos cercados
acompañados por sus familias. A cambio de que les sea garantizado el paso hasta
los principales feudos de la insurgencia, deben entregar unas posiciones que
obligaban al Ejército a distraer fuerzas de los principales frentes de combate.
La
oposición denuncia que los sitiados se ven obligados por el hambre y las
privaciones a aceptar pactos que están desencadenando una “limpieza” de
rebeldes suníes en zonas alauíes (rama del islamismo chií) controladas por el
Gobierno, lo que constituye un crimen de guerra.
En
una entrevista publicada el jueves por France Presse, El Asad aseguró que los
movimientos de población iban a ser provisionales y los residentes podrían
regresar a sus ciudades una vez “limpiadas de terroristas (rebeldes, según la
denominación del régimen)”. Tras las evacuaciones masivas de civiles en Homs
(2015) y en el este de Alepo (2016) las áreas abandonadas por los insurrectos
se han convertido en distritos despoblados.
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