LA PAZ, BOLIVIA (ANB / ABI).- El presidente Evo Morales arremetió el sábado contra la
derecha regional y criolla, "capitalista y oligárquica", 2 días
después de consumada la suspensión de la presidente de Brasil, su colega Dilma
Roussef, por el Senado brasileño, mayoritariamente opositor, y al tiempo de
denunciar que, en consonancia, grupos de conservadores locales intentan
desestabilizar su gobierno de izquierdas en Bolivia.
"La derecha y las oligarquías son la
base política del capitalismo. El capitalismo se alimenta de la desigualdad. Al
capitalismo no le interesa la vida ni la dignidad, solo le importa saquear,
explotar al obrero y robar al pueblo", afirmó en su cuenta de Twitter.
El mandatario escribió sus críticas después
de asistir a la juramentación del nuevo Defensor del Pueblo de Bolivia, David
Tezanos Pinto, a quien pidió apego a los intereses populares al tiempo de
ejercer su cargo.
"El Defensor del Pueblo debe defender
los derechos humanos y los derechos del pueblo y no defender a la derecha como
lo hizo Rolando Villena", afirmó en su cuenta de Twitter.
De refilón, Morales pareció aludir al
contexto regional que surte, por vía de la institucionalidad o no, como en el
caso del golpe de Estado congresal registrado el jueves por el Senado brasileño
que obtuvo finalmente el relevamiento de Roussef, lo que activó la sucesión
constitucional para encumbrar a Michel Timer.
Morales denunció este mismo sábado intentos
de desestabilización de su Gobierno por personas, incluso entidades no
estatales que a hurtadillas financian conflictos de largo aliento en el país,
al aludir las protestas de más de 2 meses que sostiene un grupo de discapacitados
en diversas ciudades de Bolivia.
"Algunas personas que impulsan
conflictos financiandos para tratar de desestabilizar al Gobierno", apuntó
en ocasión de la posesión del nuevo Defensor del Pueblo.
El mandatario se refirió a las protestas,
incluido un peregrinaje de semanas por carreteras del país, por un bono mensual
de 500 bolivianos (poco más de 70 dólares) que sostienen grupos de
discapacitados que incluso se materializan hoy mismo pese a los llamados de su
Gobierno para abrir un espacio de diálogo.
Se trata del grupo más duro de
manifestantes que porfía en presionar al Ejecutivo que ha proclamado, en
conversaciones preliminares y públicamente también, la imposibilidad del erario
público para solventar la demanda de los discapacitados.
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