GOBIERNO REALIZARÁ ESTUDIO PARA SABER CUÁNTA COCA IRÁ A LA INDUSTRIALIZACIÓN

Antes de determinar número de hectáreas legales

SANTA CRUZ, BOLIVIA (ANB / Erbol).- El Gobierno, mediante el Consejo Nacional de lucha Contra el Tráfico Ilícito de Drogas (Conaltid), realizará este año un estudio para conocer la cantidad de coca que se destinará a la industrialización, informó el viceministro de Defensa Social, Felipe Cáceres.

Según el Viceministro, este estudio se hará mientras se elaboran la nueva ley 1.008 y la norma para el régimen de la coca, las cuales establecerán la cantidad de hectáreas de cultivo de coca legales.

Recordó que el estudio financiado por la Unión Europea (UE), que fue presentado en noviembre de 2013, señala que se necesita 14.705 hectáreas de coca para el consumo.

Sin embargo, los cocaleros del Chapare quieren que se legalicen 20 mil hectáreas, bajo el argumento que de el estudio pagado por la UE no toma en cuenta a la hoja que se necesita para la industrialización.

“Las organizaciones sociales arguyen de que evidentemente el primer estudio sobre la hoja de coca no está contemplada la industrialización de la hoja de coca en uso estrictamente y farmacéutico y uso medicinal. No sé cuántas hectáreas abastecerá esta situación, se requiere otro estudio adicional que sí o sí este año se tiene que ejecutar, está a cargo del Conaltid”, explicó la autoridad.

A la consulta respecto al porqué de la demora en el inicio de la elaboración y tratamiento de la nueva ley 1.008, Cáceres explicó que los productores de coca de los Yungas realizaron un bloqueo para exigir determinadas demandas, aspecto que impidió iniciar con este trabajo.

“Tiene que ser una ley de consenso y esta ley necesariamente se tiene que arrancar el próximo mes, mes de mayo tenemos que arrancar con seminarios, talleres, inicialmente con los actores principales que son los productores yungueños y del Trópico de Cochabamba”, detalló.

Una vez que se tenga elaborado el anteproyecto de Ley, se socializará a nivel nacional, con las instituciones públicas, privadas, la Iglesia Católica, la Defensoría del Pueblo, organizaciones sociales y los medios de comunicación, para luego presentar el documento ante la Asamblea Legislativa.