DIPUTADA DEL MAS ASEGURA QUE NO HAY EVIDENCIA DE IRREGULARIDADES EN CONTRATO DE SAN BUENAVENTURA

LA PAZ, BOLIVIA (ANB / ABI).- La diputada del Movimiento Al Socialismo (MAS), Romina Pérez, aseguró el jueves que la Comisión Fiscalizadora de los contratos entre el Estado y la empresa china CAMC, investigados por supuesto tráfico de influencias, no encontró evidencia de alguna irregularidad en la contratación de esa empresa para la construcción del Ingenio San Buenaventura.

    "El proceso ha sido totalmente transparente por la forma en cómo se ha hecho la primera licitación internacional, luego la contratación directa en base a las propuestas que existían", informó a la Red Patria Nueva.

    La legisladora que participó en una inspección programada por esa comisión legislativa, explicó que por tratarse de un proyecto estratégico se pudo hacer una contratación directa, sin embargo, dijo que cumplió con todas las formalidades de licitación y contrato.

    "Resulta que en base al Decreto Supremo 0181 y los reglamentos internos que tiene cada empresa estratégica, ellos podrían hacer la contratación directa, como dicen algunos que han hecho a dedo, y eso no ha ocurrido, porque ese procedimiento, ese reglamento amerita todos los pasos que siguen básicamente una licitación directa", complementó.

    Recordó que en los otros contratos que revisó esa comisión tampoco encontró ninguna irregularidad.

    "Hasta la fecha podemos afirmar, con absoluta claridad, que en los procesos de contratación no hemos encontrado ningún hecho o indicio que pueda decirnos que ha habido alguna irregularidad, más al contrario cuando se tiene algún vacío legal, lo aclaramos acá, en las entrevistas que hacemos, en los diálogos que nos preparan los compañeros", refrendó.

    A principios de febrero, el periodista y exagente de inteligencia, Carlos Valverde, denunció un supuesto tráfico de influencias de la expareja del presidente Evo Morales, Gabriela Zapata, gerente comercial de la empresa CAMC, compañía que firmó contratos millonarios con el Estado.

    A contramano, el Jefe de Estado negó la acusación y pidió una investigación de la Contraloría General del Estado y de una comisión mixta y multipartidaria de la Asamblea Legislativa Plurinacional.