Estudio
del UNFPA
LA PAZ, BOLIVIA (ANB / Erbol).- Un estudio denominado
“Violencia sexual: prácticas, signos y significados” del Fondo de
Población de las Naciones Unidas (UNFPA), realizado en 2015 y que se hizo
conocer en un evento este lunes por el Día Internacional de la Mujer, previsto
para este 8 de marzo, revela que en el área rural de algunas regiones del país,
las mujeres callan la violencia sexual que sufren porque tienen vergüenza.
De
acuerdo con el estudio, además de la vergüenza, el miedo y la impunidad también son causas para que
haya un silencio respecto a la violencia sexual.
“La
investigación, que se realizó en estos cuatro municipios de distintas
características culturales, evidencia que la violencia sexual es la forma de
violencia menos denunciada, que afecta sobre todo a niñas y adolescentes y
cuyos agresores son en gran parte hombres adultos. El silencio condena a las
víctimas en estos municipios rurales a tolerar la violencia sistemática hasta
por años. La decisión de denunciar no solo está en manos de padres y madres
sino de la comunidad”, indica.
El
estudio cualitativo incluyó más de 150 entrevistas a autoridades y servidores
públicos que atienden casos de violencia y 34 grupos focales con adolescentes,
jóvenes y adultos de los municipios de Punata (Cochabamba), Coroico (La Paz),
Uncía (Potosí) y Puerto Gonzalo Moreno (Pando), señala el informe.
Testimonios
El
estudio se sustentó en bases a distintos testimonios que dieron cuenta que en
algunas comunidades se establecen sanciones de justicia comunitaria como multas
de 500 bolivianos, chicotazos y trabajos comunales para este tipo de casos. Muy
pocos son considerados casos “graves” para sentar la denuncia e involucrar a
las autoridades estatales.
“Algunas
familias prefieren pasar por alto estos hechos delictivos por mantener las
relaciones de amistad al interior de la comunidad. Los casos que sí se
denuncian no siempre prosiguen porque las familias no cuentan con recursos
económicos suficientes o porque los agresores huyen de la comunidad. Los
procesos judiciales se perciben como complejos”, indica el documento.
En
otras comunidades, según el estudio, se evidenció que existen autoridades
originarias que de manera específica atienden casos de violencia como el
corregidor de la comunidad Esse Ejja de Portachuelo Bajo en el municipio de
Gonzalo Moreno, en Pando. Esta autoridad lleva un registro de los casos, el
resumen de la conversación con los implicados y sus firmas como medio de
verificación ante cualquier proceso posterior.
Comercio
sexual
Según
los testimonios, se denunció en el caso de la comunidad de Portachuelo, que
algunas adolescentes y jóvenes son involucradas en el comercio sexual, son
inducidas y engañadas para salir de su comunidad hacia la ciudad de Riberalta
donde son presionadas a prostituirse en locales nocturnos frecuentados por
brasileros y otros visitantes.
“Algunas
jóvenes terminan realizando esta actividad de manera voluntaria para lograr
algunos recursos económicos. Las adolescentes que regresan a la comunidad
reciben castigos físicos de los padres como forma de sanción, pero existen
casos en los que la familia se resigna y acepta esa situación como una
oportunidad de ingresos económicos para sus hijas y la familia y la posibilidad
de que salgan de la comunidad para quedarse en la ciudad”, añade el estudio.
El
documento indica también que cuando la violencia sexual es ejercida por un
familiar cercano, muy pocas veces se denuncia pese a que las madres conocen del
hecho. Los agresores no muestran arrepentimiento y hasta consideran que su
actuación es natural.
“Ante
estas situaciones, los testimonios mencionan casos de abortos fruto de
violaciones, que se ocultan por varias razones, entre ellas algunas creencias
de la comunidad. Se menciona, por ejemplo, en una comunidad de occidente, que
un embarazo que es consecuencia de una violación puede traer plagas y afectar
la cosecha y al ganado o la salud de los comunarios, por lo que bajo ninguna
circunstancia se hace público el caso”, acota el estudio.
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