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ampliado de dirigentes reunidos este martes
Los productores de coca marcharon ayer en La Paz. Foto/ERBOL |
LA PAZ, BOLIVIA (ANB / Erbol).- Un ampliado de la Asociación Departamental de Coca
(Adepcoca) de La Paz ratificó este martes el plazo de cinco días al Gobierno, a
partir de ayer lunes, para que atienda un pliego de diez puntos, entre ellas la
otorgación de 2.000 nuevas licencias de comercialización.
El
presidente de Adepcoca, Franklin Gutiérrez, dijo a la red Erbol, que si el
Gobierno no los atiende favorablemente, alrededor de 33.000 socios de las
provincias Inquisivi, Sud y Nor Yungas iniciarán en el bloqueo de caminos, una
vez concluyan los feriados de carnaval, por lo que recomendó tomar las
previsiones alimentarias.
Explicó
que sus afiliados plantean el equipamiento del Hospital Cocalero, la firma de
convenio de ejecución del Centro de Innovación; y que el Gobierno les garantice
que las actuales carpetas provisionales de comercialización al detalle, se
conviertan en licencias definitivas.
Asimismo
piden la industrialización real de la hoja de coca; el retiro de la directora
de Digcoin de Santa Cruz por maltrato a los afiliados; la solicitud de 2.000
carpetas de comercialización de coca al detalle; mantenimiento de carreteras a
Yungas; y respeto del Gobierno hacia los productores de coca ante las
permanentes muestras de discriminación.
El
dirigente dijo también que solicitan la apertura de tres universidades y un
referendo de la coca hoja a nivel nacional, para conocer el consumo interno de
la coca. Los productores yungueños ratificaron su estado de emergencia y
conformaron un comité de bloqueo de caminos que se activará, si el Gobierno no
resuelve su problema hasta el próximo viernes.
“Como
Yungas siempre hemos apoyado al proceso de cambio, incluso Adepcoca apoyó
económicamente las primeras campañas del presidente Evo Morales. La molestia de
Yungas es grande, todos somos del proceso de cambio, pero estamos exigiendo al
Gobierno que ya es hora de acordarse de los Yungas”, manifestó.
Gutiérrez
indico que sus afiliados sienten “rabia”
al ver cómo el Gobierno trata a los cocaleros del Chapare, con amplios
privilegios en materia de proyectos camineros y otras obras de infraestructura,
a diferencia de los Yungas, quienes deben financiar estudios concluidos para
gestionar el inicio de una obra.
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