Villena
presentó la propuesta al Legislativo
El Defensor del Pueblo, Rolando Villena. |
LA
PAZ, BOLIVIA (ANB / Erbol).- El Defensor del Pueblo, Rolando
Villena, presentó este martes a la Asamblea Legislativa un proyecto de “Ley de
la Defensoría del Pueblo”, en remplazo de la actual, a fin de garantizar la
independencia de gestión de la nueva autoridad a ser elegida, y la
sostenibilidad económica institucional para adecuarse a los cambios
estructurales producidos durante los últimos seis años.
Explicó que una de las formas
de garantizar su autonomía, es darle mayor fuerza a la obligatoriedad de las
instituciones públicas de responder a las recomendaciones, es aumentar sus
responsabilidades en materia de políticas públicas, educación, referidos a los
derechos de las mujeres, la niñez, adolescencia y los migrantes.
El proyecto de ley plantea
aumentar la facultad de acudir a la justicia, instando al Ministerio Público el
inicio de acciones legales por actos u omisiones que impliquen violación de los
derechos o interponiendo acciones de tutela cuando corresponda, sin necesidad
de mandato específico. Actualmente sus resoluciones son más de condena moral y
no son vinculantes para el área judicial.
Villena propone que la
defensoría designe a representantes a nivel de todos los municipios, ante los
pueblos indígenas y naciones originarias, para que tenga mayor posibilidad de
asumir un rol efectivo ante la vulneración de los derechos humanos, derechos
colectivos de las mujeres y situaciones de violencia.
También sugiere a la Asamblea
establecer oficinas en todas las capitales de departamento, así como abrirlas
en países con presencia de bolivianas y bolivianos migrantes, promoviendo la
defensa de sus derechos humanos. Propone además que el Estado asuma la
totalidad de los costos de funcionamiento y dejar de depender de la cooperación
internacional, tal como ocurrió desde
la creación de la figura defensorial en 1997.
Dijo que su objetivo es
consolidar los avances sustantivos de su gestión y que estén incorporados en la
nueva normativa, que a la vez hace énfasis en la necesidad de una
restructuración interna para adecuarla a los cambios producidos en el Estado
Plurinacional.
El defensor que concluye su
mandato de seis años el próximo 13 mayo,
dijo que el propósito es mantener y potenciar la institución, pero
también la independencia de la máxima autoridad ejecutiva que será elegida, para
darle mayor credibilidad sobre la base de una normativa nacional e
internacional.
En su opinión la normativa
actual ya está rebasa incluso la actual denominación que tiene no coincide con
la Constitución Política del Estado Plurinacional, donde se denomina
“Defensoría del Pueblo”, y ya no “Defensor del Pueblo”, que – según sostiene-
tiene muchas restricciones e injerencias arbitrarias.
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