El líder del cartel de Sinaloa fue trasladado a la prisión de Altiplano | AFP |
MÉXICO (ANB / EFE).- El 16 de junio y el 31 de agosto de 2015, EE UU presentó las
peticiones formales de extradición de Guzmán por varios delitos, entre ellos
asociación delictiva para importar y poseer con la intención de distribuir
cocaína, delincuencia organizada, lavado de dinero, homicidio y posesión de
armas.
La
Fiscalía mexicana anunció el inicio del proceso de extradición a EE UU del
narcotraficante Joaquín "El Chapo" Guzmán, recapturado el viernes en
el estado de Sinaloa, el cual tiene "distintas etapas" y se prevé
largo, según lo establecido por la ley.
La
Procuraduría General de la República explicó en un comunicado que no hay
impedimento para ejecutar las órdenes de aprehensión con fines de extradición
emitidas en contra del capo tras su fuga el 11 de julio pasado de un penal de
máxima seguridad y "mucho menos el inicio del procedimiento de
extradición".
Si
bien durante el tiempo que Guzmán evadió la acción de la justicia sus abogados
tramitaron varios amparos contra una eventual extradición, solicitada
formalmente por Estados Unidos, algunos de ellos "fueron sobreseídos,
mientras que otros siguen en trámite", apuntó.
El 16
de junio y el 31 de agosto de 2015, EE UU presentó las peticiones formales de
extradición de Guzmán por varios delitos, entre ellos asociación delictiva para
importar y poseer con la intención de distribuir cocaína, delincuencia
organizada, lavado de dinero, homicidio y posesión de armas.
La
Cancillería determinó que las peticiones formales reunían los requisitos del
tratado bilateral en la materia, por lo que las transmitió a la PGR, la cual,
tras analizarlas, las presentó ante dos jueces federales, quienes a su vez otorgaron
las órdenes de captura con fines de extradición.
Tras
su detención, el líder del cártel de Sinaloa o Pacífico será notificado de los
procedimientos de extradición y contará con tres días "para oponer
excepciones y 20 días más para probarlas, este último término podrá ser
extendido".
La
Fiscalía adelantó que "aportará elementos para combatir las excepciones
del reclamado y mantendrá una estricta vigilancia en los procedimientos".
Una
vez que los jueces emitan la opinión jurídica respectiva, los juzgados están
obligados a transmitir los expedientes ante la Cancillería, a fin de que esta
emita en un plazo de 20 días hábiles su decisión sobre la entrega en
extradición del reclamado.
En el
caso en el que la Secretaría de Relaciones Exteriores conceda la extradición,
el capo tiene derecho a presentar un amparo en contra de dicha determinación
ante el Juzgado de Distrito y el Tribunal Colegiado de Circuito.
De
confirmarse la negativa de los juicios de amparo, se podrá materializar su
entrega en extradición, indicó la PGR, que añadió que dará cumplimiento a las
determinaciones de los jueces de distrito en materia de amparo.
Tras
el escándalo internacional desatado en julio pasado por la segunda fuga de
Guzmán de un penal de máxima seguridad, después de la que protagonizó en 2001,
el Gobierno de Enrique Peña Nieto dio un giro en su posición respecto a la
extradición del narcotraficante.
Hace
justo un año el entonces fiscal, Jesús Murillo, declaraba que Guzmán tendría
que "cumplir su condena en México" antes de ser extraditado a EE.UU.,
lo que podría producirse "unos 300 o 400 años después", y aseguró que
ese proceso debe darse solo por motivos de seguridad o riesgo de fuga, algo que
-dijo- no existía.
Seis
meses después la fuga dejó en evidencia no solo a Murillo, que salió de la PGR
en febrero arrastrado por la crisis generada por la desaparición de 43
estudiantes, sino al propio presidente Peña Nieto, quien en 2014 llegó a
asegurar que un segundo escape de Guzmán sería "imperdonable".
Algunos
analistas atribuyen el rechazo inicial a la extradición del capo a una
estrategia del Gobierno mexicano para demostrar su eficacia en la lucha contra
las drogas y la solidez de sus instituciones, aunque también a un temor sobre
la información que el capo pudiera entregar a EE.UU.
Tras
su recaptura y reclusión en el mismo penal del que se fugó hace medio año, al
Gobierno mexicano parece no quedarle otra opción que enviar a EE.UU. al
narcotraficante.
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