FSTMB: LEY DE EMPRESAS PÚBLICAS ES PEOR QUE EL 21060

En un ampliado analizarán la norma

LA PAZ, BOLIVIA (ANB / Erbol).- La dirigencia de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB) consideró que la Ley 466 de Empresas Públicas atenta a los derechos de los trabajadores en mayor grado que el cuestionado Decreto Supremo 21060. En ese sentido, convocó a un ampliado para analizar esta temática y otros que afligen a su sector.

“Este tema de empresas públicas es peor que el 21060, una ley totalmente atentatoria, por los menos el Decreto 21060 respeta los derechos laborales de los trabajadores, entonces eso es lo que se va analizar en el ampliado nacional de los trabajadores mineros asalariados del país, que se llevará el miércoles en ambientes del cine Miraflores”, dijo el secretario de vivienda de la FSTMB, Cecilio Gonzales.

Agregó que la Ley 466 es muy amplia y afecta a todos los trabajadores que dependen de las empresas estatales, incluso de las mixtas.

“A todos nos considera como funcionarios públicos, con el sólo objetivo de no asumir la responsabilidad de carga social como Gobierno, aquí suprime los derechos laborales como es el bono de antigüedad, recargos nocturnos, horas extras y otros, es más, en esta normativa está penalizado el acto sindical y ejemplo de ello es que tenemos a cuatro compañeros procesados en Potosí”, remarcó.

Asimismo –agregó–  esta Ley establece responsabilidades administrativas y civiles en contra de los trabajadores como si los responsables de los posibles daños causados a una empresa estatal fueran los obreros.

“El Comité Ejecutivo en vigencia no va permitir esta situación, es más no quiere ser cómplice, responsable de esta normativa que está en vigencia en la actualidad.

También consideró que esta norma pretende establecer un salario fijo para todos los trabajadores de empresas públicas, aunque trabaje en interior mina o desarrolle sus actividades los fines de semana.

“Por eso es atentatorio tremendo para nosotros. En esta coyuntura, no se puede permitir que un gobierno que salió de la esperanza del pueblo (la administración de Evo Morales) esté implantando o ejecutando estas (acciones) que estaban previstas antes por los gobiernos neoliberales”, remarcó.

Estimó que más de 10 mil trabajadores se encuentran afectados por esta normativa que está en vigencia desde diciembre de 2013.