Procurador
Arce dice que "antes estuvo peor"
Gualberto Cusi y Ligia Velásquez. |
LA PAZ, BOLIVIA (ANB / Erbol).- Los exmagistrados del Tribunal Constitucional, Gualberto Cusi y Ligia
Velásquez, comparecieron este viernes ante la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH) de la OEA en Washington, para ratificar su acusación en
contra del Estado boliviano por la falta de independencia judicial a todo nivel, y prueba de ello es la
destitución de la que fueron objeto en el Senado por una decisión política.
Ambos
asistieron a la 156 sesión de las Audiencias Públicas organizadas por la CIDH,
para atender la denuncia planteada poco antes de ser destituidos en el Senado,
a consecuencia de la postergación de la Ley del Notariado que debía aplicarse y
que según el gobierno, fue motivo suficiente para iniciar un juicio de
responsabilidades, cuya sanción fue derivada a la justicia ordinaria.
Cusi
relató que existe una sistemática violación a la independencia de todos los
administradores de justicia, incluso la
Fiscalía del Estado fue "cooptada por el poder político, acompañada de una
flagrante violación a la carrera judicial y fiscal, para dar paso a la
designación política de jueces y fiscales que responden a intereses del
gobierno".
El
exmagistrado sostuvo que los operadores políticos del gobierno intervienen
directamente en los procesos judiciales. “Llaman por teléfono e incluso asisten
a las audiencias, para presionar a sola mirada por un fallo a favor del
gobierno. No se respeta para nada la independencia del juez”, dice un reporte
enviado desde Washington a los medios de
prensa.
Relató
el funcionamiento de presuntas redes de corrupción judicial descubiertas en
varios casos y que fueron atribuidas al llamado “Gabinete Jurídico” que, según
dijo, ha utilizado el sistema penal “para destruir a la oposición. Los
opositores no tienen seguridad ni protección de nada ni de nadie”.
“Pobre
de aquel juez que falle en contra del gobierno (…) y todo aquel abogado que no
tiene el apoyo de estas redes de corrupción perderá todos sus juicios”, declaró
al exigir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, un pronunciamiento
exigiendo una justicia independiente, sino velando por la vigencia del sistema
democrático en Bolivia.
En su
corta intervención, Velásquez ratificó que se vio forzada a renunciar al cargo,
a consecuencia de la "presión y
acoso político" de la que fue víctima, cuando estuvo en medio del juicio
de responsabilidades abierto por el MAS ante la Asamblea Legislativa.
Arce
En su
descargo, el Procurador General del Estado, Héctor Arce, sostuvo que los
magistrados fueron enjuiciados porque cometieron el delito al suspender la
aplicación de una ley que generó un daño
económico irreparable al país, y admitió al mismo tiempo que la justicia
en Bolivia “no está bien pero antes estaba peor”.
Arce
dijo que el problema en la administración de justicia no es el gobierno sino
que los jueces no saben cumplir sus funciones, por tanto, negó cualquier
intromisión del Ejecutivo en el Órgano Judicial.
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