Uno
técnico financiero administrativo, dijo abogado
Marco Aramayo fue director del exFondo Indígena durante la gestión 2013-2014. Foto: El Deber. |
LA PAZ, BOLIVIA (ANB / Erbol).- El exdirector del liquidado Fondo de Desarrollo Indígena
Originario Campesino (Fondioc), Marco Antonio Aramayo Caballero, solicitó a la
comisión de fiscales que investiga la aparente corrupción en esa entidad
estatal y proyectos “fantasmas”, que se realice una auditoría técnica
financiera administrativa a más de 1.000 proyectos productivos.
El
abogado de Aramayo, quien está detenido preventivamente en la cárcel de San
Pedro de La Paz, Héctor Castellón, explicó a Erbol que con la petición se
pretende esclarecer muchas dudas del proceso judicial que afronta su cliente.
“Estamos
solicitando en calidad de proposición de diligencias, una pericia consistente
en una auditoria técnico, eso es para ver cuáles han sido los procedimientos;
administrativo, para ver qué personas han ido participando y cuál podría ser el
grado de participación en la elaboración, aprobación, desembolso y seguimiento
de los proyectos; y sobre todo económica, para que el Ministerio Público tenga
la capacidad de decir a la población boliviana, porque parece que la
Contraloría no la tiene, el daño económico, si es que existe”, señaló
Castellón.
Aramayo
también solicitó recientemente a la Fiscalía del Distrito de La Paz, que todos
los miembros del Directorio del exFondo Indígena, así como la presidenta y
exministra de Desarrollo Rural y Tierras, Nemesia Achacollo, testifiquen para
esclarecer este caso. Sin embargo, no hay respuesta a la petición.
Junto
con Aramayo, también se encuentra detenida en prisión la otra directora
Ejecutiva del exFondioc, Elvira Parra. Ambos, además de Daniel Zapata, quien
está prófugo, también exdirector, fueron acusados por supuesto daño económico e
incumplimiento de deberes, entre otros.
Castellón
dijo que se abrió a su cliente más de 60 procesos en todo el país y que lo
responsabilizan de todo lo ocurrido en el Fondo, pese a que sólo estuvo en el
cargo un año y cinco meses (2013-2014). Empero, las obras datan desde 2010.
Las
investigaciones de la intervención que hizo el gobierno al Fondo, una instancia
que estuvo manejada desde 2009 por sus organizaciones aliadas, develaron un
posible daño económico de 102 millones de bolivianos, 30 proyectos “fantasmas”
de Bs14MM y más de 700 proyectos inconclusos.
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