BALTASAR GARZÓN DICE QUE DEMANDA MARÍTIMA DE BOLIVIA ES "ABSOLUTAMENTE JUSTA"

TIQUIPAYA, BOLIVIA (ANB / ABI).- El exjuez español, Baltasar Garzón, consideró el domingo en Tiquipaya que la demanda marítima de Bolivia, contra Chile, es "absolutamente justa" y dijo que el fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya, que se declaró competente en ese litigio, abre una puerta para que se consolide el derecho boliviano de retornar a las costas del Océano Pacífico.

    "Yo creo que es una demanda absolutamente justa, y creo que la decisión de la Corte Internacional de Justicia abre esa puerta para que de una vez se consolide lo que es un derecho de todo el pueblo boliviano", remarcó.

    Reconocido internacionalmente por abrir litigios contra los gobiernos militares de Chile y Argentina, Garzón participa como invitado especial en la segunda Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el Cambio Climático y Defensa de la Vida, que se realiza en Tiquipaya, vecina de la ciudad central de Cochabamba.

    A su juicio, la demanda marítima de Bolivia debió haberse resuelto hace mucho tiempo, pero dijo que a veces "la torpeza política y los intereses económicos interfieren en lo que son las necesidades de los pueblos".

    "Espero que eso se solucione más pronto que tarde", remarcó.

    El exjuez español reveló que coadyuvó en el origen de la demanda marítima boliviana y, además,  sugirió a algunos juristas internacionales para formar el equipo para el litigio en la CIJ de La Haya, entre ellos, el jurista Remiro Brotóns.

    "Es un equipo muy sólido y que tiene que continuar en la línea que están trabajando", agregó.

    Garzón también se hizo famoso por ordenar, como juez de la Audiencia Nacional de España, la detención del ex dictador chileno Augusto Pinochet, a finales de los 90", por los delitos de genocidio, además de investigar a la organización terrorista Euskadi Ta Askatasuna (ETA).

    En febrero de 2012 fue expulsado de la carrera judicial, después de haber sido condenado por el Tribunal Supremo a 11 años de inhabilitación por investigar crímenes del Franquismo.