Padres
aún buscan a los 43
Foto: Twitter |
ESPAÑA (ANB / Fuente: El País.- Una masiva manifestación volvió este sábado a inundar las
calles de la capital de México un año después de la desaparición de los 43
estudiantes en el pobre y violento Estado sureño de Guerrero.
La marcha se
nutrió de una imponente y pacífica participación de diferentes estratos de la
sociedad civil mexicana, aunque no de manera tan multitudinaria como las
vividas durante el año pasado. La conmemoración del primer aniversario llega en
un momento especialmente sensible para la investigación del caso, que ha vuelto
a abrir con fuerza numerosas incógnitas sobre lo ocurrido aquella noche del 26 de
septiembre de 2014.
"Les
estamos demostrando que un año después sigue prendida la llama de la
indignación", clamó la madre de uno de los desparecidos desde un
improvisado escenario en el Zócalo, la plaza central del DF donde desembocó la
marcha.
La
cabecera, como ha sido habitual durante el río de protestas, estuvo formada por
los padres y familiares de los estudiantes, que arrancaron desde la residencia
presidencial de Los Pinos un recorrido de varias horas, acompañados de
representantes de las universidades, sindicatos, grupos de la sociedad civil y
ciudadanos de todas las edades. Antes de desembocar en la plaza del Zócalo a
través de la avenida Reforma, una de las arterias de la ciudad, la columna de
la plaza del Ángel volvió a ser uno los lugares simbólicos para recoger los
lemas que marcaron la protesta: Ayotzinapa vive, Ayotzinapa somos todos, Día de
la indignación.
Además
de recordar la efeméride, el descontento y la demanda de justicia por parte de
los manifestantes llega en un momento en que la investigación del caso ha dado
un fuerte giro.
La
Procuraduría General consideró cerrado el expediente en febrero tras más de un
centenar de detenciones, decenas de trabajos periciales y la identificación por
ADN de uno de los estudiantes. La conclusión de la fiscalía, defendida como una
“verdad histórica”, fue que los estudiantes fueron secuestrados por un grupo de
policías locales aliados con el narco, que los habrían ejecutado para después
incinerar sus cuerpos en un basurero.
Esta
versión oficial fue refutada este mes por el comité de expertos de la OEA, lo
que a su vez ha provocado un giro en la política oficial. El Gobierno asume
ahora nuevas líneas de investigación y se muestra más próximo a las familias,
que mantienen la fe en que los muchachos no estén muertos.
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