VILLENA CONSIDERA INSUFICIENTE SANCIÓN EN CASO POMA

Pide resolver otros casos pendientes

Defensor del Pueblo, Rolando Villena.

SANTA CRUZ, BOLIVIA (ANB / Erbol).- El Defensor del Pueblo, Rolando Villena, consideró hoy que la condena a ocho años de cárcel para los tres ex oficiales que causaron la muerte del subteniente Grover Poma Guanto, ocurrida en 2011 en la Escuela de Cóndores deSandandita, es insuficiente por el caso, pero importante porque sienta un precedente para otros hechos similares.

“Creo que los ocho años de presidio no son una forma suficiente de sancionar el delito del asesinato premeditado, violento y despiadado que cometieron Franz G., Ruddy F. y Kenny R. contra el subteniente Poma y menos la absolución completa del resto de acusados que, aunque pudieron no haber actuado directamente, debieron intervenir para defender la vida de su camarada y no lo hicieron, lo que les da también un grado de complicidad, pero creo asimismo que a partir de este caso se deja claro que los crímenes y delitos contra los derechos humanos fundamentales que se cometen en los cuarteles no pueden ni deben quedar impunes y que la justicia ordinaria está facultada para imponer la ley y evitar la impunidad”, señaló la autoridad.

Villena por otro lado, expresó su admiración y respeto por Andrés Poma Tola, padre de la víctima que durante cuatro años persistió en las audiencias y los juzgados exigiendo la corrección del proceso.

“Creo que su valor y su demanda de justicia han sido el impulso más importante para el resultado de este caso y aunque no repara el daño que le causaron los asesinos, cuando menos el Estado, a través de sus instancias, ha respondido”, indicó.

Del mismo modo recordó que el caso Poma Guanto ha sentado jurisprudencia en la materia, ya que gracias a la demanda interpuesta ante el Tribunal Constitucional, se logró evitar la protección militar que era normal en estos casos.  

El Defensor señaló así a la sentencia 2540/2012 del 21 de diciembre de 2012 que declaró competente a la justicia ordinaria para proseguir con el control jurisdiccional de la causa.

En ese fallo, el Tribunal señala que “si bien los hechos investigados se produjeron en un ambiente militar, la víctima y los presuntos sujetos activos eran agentes militares activos, el derecho penal militar excluye los comportamientos que pese a tener relación con servicio denotan desviación total respecto de sus objetivos o medios legítimos”.

La Defensoría del Pueblo acompañó el proceso desde sus inicios y elaboró un informe sobre este caso, que además fue enviado al Tribunal Constitucional para el análisis en el tema de derechos humanos y, a través de la Mesa Defensorial de Yacuiba acompañó el proceso y advirtió en más de una oportunidad sobre las excesivas consideraciones que se tenía con los acusados.  

Finalmente, incluyó este caso en la demanda que presentó en 2014 ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado boliviano por los hechos de violencia sucedidos en los recintos militares.

Casos pendientes

El Defensor observó por otro lado, la cantidad de casos de muertes ocurridas en los recintos militares y que, a su criterio, no han sido investigados ni sancionados.

“En 2013 hemos identificado 16 casos de muertos en recintos militares y de estos, tan solo dos, uno en Sucre y otro en el Cuarte del Miraflores tuvieron una investigación judicial ordinaria; la mayoría en la que los muertos fueron simples conscriptos simplemente se los cerró diciendo que eran accidentes”, señaló.

Este año, según confirmó el propio Ministro de Defensa han sucedido cuatro casos de fallecimientos similares y ninguno tuvo responsables ni sanciones.

“El problema aquí no es que hayan asesinatos como el caso de Poma Guanto, pero lo que con seguridad hay es una falta de precaución, prevención y cuidado de parte de las Fuerzas Armadas hacia las personas que se encuentran temporalmente en sus recintos y que por la norma es la institución armada la responsablede garantizar su vida y su seguridad, y esto no se cumple ni se respeta”, añadió Villena.

Finalmente, indicó que la Defensoría del Pueblo se encuentra preocupada por el incremento de denuncias por violación de derechos humanos en las Fuerzas Armadas que se han incrementado de 119 en 2013 a 238 en 2014, es decir un 50%.  

“Para ello hemos seguido buscando una reunión con el Alto Mando de las Fuerzas Armadas pero aún hay una negativa del gobierno para que enfrentemos los hechos de violencia en esa institución, desde los ámbitos de la denuncia y la prevención, con la seriedad que se requiere”, manifestó.