Movilización
indígena
ESPAÑA (ANB / Libertad Digital).- Al menos 35 personas fueron detenidas en la zona de
Saraguro, en el sur de los Andes ecuatorianos, mientras en Quito una marcha de
protesta recorrió varias calles de la ciudad, en el quinto día del "paro
nacional" o huelga convocada por sindicatos, indígena y otros grupo sociales
contra el Gobierno de Rafael Correa.
Además,
una jueza en Quito negó la deportación de la periodista francobrasileña Manuela
Picq, detenida el pasado jueves durante las violentas manifestaciones
registradas en el centro de la capital ecuatoriana.
La
Fiscalía informó en su cuenta de Twitter de que 35 personas fueron detenidas
este lunes durante las manifestaciones entre las ciudades de Loja y Cuenca de
la carretera Panamericana, que une el sur con el norte del país por el callejón
andino. Los detenidos, añadió la Fiscalía, fueron trasladados a la ciudad de
Loja para someterlos a una "audiencia de flagrancia que se efectuará en
las próximas horas".
Por
su parte, Luis Macas, un histórico líder indígena ecuatoriano oriundo de
Saraguro, rechazó lo que denominó "muchísima represión" y una
presunta "emboscada de la policía y también de las Fuerzas Armadas"
contra los manifestantes en esa zona andina del país. Macas dijo que los
agentes del orden "trataron de allanar los domicilios, golpear a la
gente" y que, de momento, la comunidad ha registrado "veinte
heridos". "Es una situación muy grave, una confrontación que jamás se
ha visto en Saraguro, hay una verdadera emboscada a la comunidad", añadió
el líder indígena. "Han llevado a la fuerza a la gente, tanto a hombres
como mujeres", agregó, e insistió en que tiene información sobre comuneros
con "contusiones considerables" que incluso estarían siendo atendidos
en una unidad de salud de la Policía en Loja.
Macas
aseguró que la protesta indígena en Saraguro se celebró de manera pacífica y
que consistió en bloquear la vía, aunque dijo que se ha permitido el paso a las
personas que pretendían participar en la romería de la Virgen del Quinche, que
tiene lugar en esta época. Señaló que "la decisión de las comunidades es
mantenerse en esta medida" de hecho, y dijo que tiene informes, aún no
confirmados, de que dos policías habrían sido retenidos por la población para
intentar negociar una especie de canje de detenidos.
Por
otra parte, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie)
se atribuyó como triunfo del "levantamiento indígena" y del
"paro nacional" convocado desde la semana pasada, y la decisión de
una jueza de Quito de negar la deportación de la franco brasileña Manuela Picq,
detenida el pasado jueves en Quito. Picq, que es compañera sentimental de
Carlos Pérez, presidente de Ecuarunari, la filial quichua de la Conaie, estuvo
detenida en un hotel de Quito destinado a inmigrantes en situación irregular.
La
jueza Gloria Pinz decidió negar la petición de deportación de Picq y ordenó que
se inicie una investigación a los funcionarios que plantearon su salida del
país, informó el diario público El Telégrafo. El pasado viernes, la Cancillería
decidió revocar el visado de intercambio cultural otorgado a Picq, con vigencia
hasta el 26 de agosto, debido a que "realizó actos que perturbaban la paz
y el orden público durante las protestas del 13 de agosto", según consta
en un informe jurídico, precisó el rotativo.
La
organización Human Rights Watch (HRW) denunció el "uso excesivo de
fuerza" de parte de la policía ecuatoriana durante las protestas que se
registraron el pasado jueves en Quito. HRW "ha recibido denuncias creíbles
de que la policía ecuatoriana empleó un uso excesivo de la fuerza, incluyendo
golpizas a manifestantes no violentos y desarmados", afirmó el director
para las Américas de la organización, José Manuel Vivanco. "Cualquier
manifestante que haya actuado de forma violenta debe rendir cuentas por sus
actos, pero sus acciones no justifican de ninguna manera el uso de la fuerza en
contra de manifestantes pacíficos y desarmados", agregó Vivanco en un
comunicado.
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