ARCE: DEFENSOR DEL PUEBLO NO TIENE POTESTAD PARA JUZGAR SOBRE LA INCONSTITUCIONALIDAD DE UNA NORMA

LA PAZ, BOLIVIA (ANB / ABI).- El procurador General del Estado, Héctor Arce, aseveró el domingo que no corresponde al defensor del Pueblo, Rolando Villena, juzgar sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de una norma jurídica, en alusión al Decreto Supremo 2366 de exploración y explotación de recursos naturales.

    "El Defensor del Pueblo es una autoridad constitucional cuya finalidad no es pronunciarse sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de una norma (ley o decreto), él tiene la finalidad de defender a la sociedad", señaló de acuerdo a un boletín institucional.

    En una entrevista con la Radio Panamerica desde Buenos Aires, Arce le recordó a Villena que está facultado a presentar al Tribunal Constitucional Plurinacional una acción abstracta de inconstitucionalidad si tiene dudas o considera que alguna norma atenta contra el texto constitucional.

    "La labor de juzgar la constitucionalidad o no de una norma es del Tribunal Constitucional Plurinacional, y el Defensor del Pueblo justamente es una de las cuatro autoridades legitimadas para hacer uso de la Acción Abstracta de Inconstitucionalidad", sostuvo.

    Respecto al Decreto Supremo 2366 de 20 de mayo de este año, el Procurador aclaró la norma pretende desarrollar las bases constitucionales establecidas en los artículos 306 y 316 de la Constitución Política del Estado (CPE), referidos a la exploración y explotación de recursos naturales en beneficio de todos los bolivianos, dado su carácter eminentemente estratégico para el desarrollo del país.

    Asimismo, aseguró que el mencionado decreto no contradice la consulta a los pueblos indígenas, que de acuerdo al artículo 352 del mismo texto constitucional debe darse sobre la explotación de los hidrocarburos.

    "Los recursos hidrocarburifeos son patrimonio de todos los bolivianos y su aprovechamiento como recurso estratégico le corresponde al Estado, solamente así tendremos un Estado fuerte y solvente en materia económica que al mismo tiempo pueda generar políticas de redistribución de la riqueza en favor de quienes más lo necesitan, los hidrocarburos no son propiedad ni de empresas extranjeras ni de minorías, son patrimonio del pueblo boliviano", explicó.

    Respecto a otras versiones de algunos dirigentes indígenas que también cuestionaron el Decreto Supremo, Arce recordó que los recursos energéticos, hidrocarburíferos y todos los recursos naturales son de propiedad de los bolivianos y deben ser utilizados en su beneficio y no sólo a algunos grupos políticos, empresariales nacionales y extranjeros como era en el pasado.

    "Si en el pasado estos recursos fueron entregados a pequeñas minorías empresariales que se beneficiaron de los recursos naturales en desmedro del interés nacional, hoy no se puede permitir que haya un exagerado condicionamiento de algunos sectores minoritarios, que no son los pueblos indígenas, sino algunos dirigentes que tienen intereses políticos", sostuvo.