LA PAZ, BOLIVIA (ANB / ABI).- El fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero, informó ayer
que el coronel de Ejército, Germán Cardona, quien aseguró que las armas en el
caso Terrorismo salieron de la Octava División de Ejército, tiene siete
procesos pendientes en la justicia boliviana.
"El informe que tenemos en la Fiscalía
es que este señor Cardona tiene siete procesos pendientes, en los que está
denunciado en la mayoría de los casos por amenazas, por uso de instrumento
falsificado, falsedad material, falsedad ideológica. Tiene cuentas pendientes
con la justicia", dijo.
Cardona, dejó el país luego de referirse al
armamento encontrado con el grupo separatista que actuó en el país, que
nuevamente pone al caso Terrorismo en el escenario del debate. Según sus
declaraciones se autocalificó de perseguido político por lo que se dirigió a
España a pedir refugio.
Para el Fiscal General, la denuncia y
actitud de Cardona se orientan a restar fuerza al caso Terrorismo en el que ya
se logró sentencias para cinco personas.
"Es parte de una estrategia política y
jurídica, distraccionista, para restar fuerza en el caso Terrorismo, donde ya
hemos logrado sentencias en cinco personas, y estamos entrando en una etapa
decisiva", indicó.
Agregó que es parte de una estrategia
"huir y no dar la cara ni presentar las denuncias si es que las
hubiera".
Conocida la denuncia de Cardona, el
ministro de Gobierno, Hugo Moldiz, salió al frente para desmentir la supuesta
persecución política contra el militar y afirmar que sus acusaciones son de
"interés político" combinado con una "personalidad bastante
esquizofrénica".
Por su parte, el comandante en Jefe de las
Fuerzas Armadas, Omar Salinas, calificó de "descabellada" la afirmación
de Cardona y aseguró que "nadie puede mentir" de esa forma porque
pone en riesgo la seguridad y la credibilidad del Estado.
El caso Terrorismo se investiga desde abril
de 2009, después de que la Policía desarticulara una célula terrorista en un
céntrico hotel de la ciudad de Santa Cruz, que estaba encabezada por el
boliviano-húngaro Eduardo Rózsa Flores.
Rózsa Flores había conformado una
agrupación de mercenarios extranjeros financiados desde Bolivia para ejecutar
acciones terroristas y secesionistas destinadas a desestabilizar al gobierno
del presidente Evo Morales.
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