GOBIERNO, FISCALÍA Y ÓRGANO JUDICIAL ACORDARON ALIANZA CONTRA EL AVASALLAMIENTO DE TIERRAS

SANTA CRUZ, BOLIVIA (ANB / ABI).- El Ministerio de Gobierno y autoridades del Ministerio Público, del Órgano Ejecutivo y Órgano Judicial firmaron el lunes en Santa Cruz un convenio interinstitucional de lucha contra el avasallamiento y tráfico de tierras para garantizar la propiedad privada y el principio de la seguridad jurídica.

    "Queremos lanzar un mensaje para devolverle a la población y los propietarios de medios rurales y urbanos, que hay un Estado fuerte, que va a velar por la seguridad jurídica", explicó el ministro de Gobierno, Hugo Moldiz, después de la firma de un convenio interinstitucional.

    Advirtió que no serán cómplices, ni mucho tolerarán a quienes cometan delitos de avasallamiento de tierras.

    Informó que el objetivo del convenio es coordinar el desarrollo de acciones conjuntas destinadas a combatir de manera eficaz la práctica del avasallamiento y tráfico de tierras promoviendo el respeto de los derechos a la propiedad, el debido proceso y el principio de seguridad jurídica con relación a la tenencia y posesión legal de predios.

    "El convenio tiene criterios jurídicos, operativos que se van a trasmitir en un plan de acción que está destinado a dar un mensaje muy claro en Santa Cruz", respaldó.

    El Ministro de Gobierno expresó que similares convenios se asuman en otros departamentos, que enfrentan los mismos problemas.

    Por su parte, el fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero, explicó que en términos operativos, cada institución tendrá que ver de acuerdo a las atribuciones y competencias que tiene, cuál es el trabajo que debe desarrollar, cómo se coordina y se intercambia esa información para luchar contra el avasallamiento y tráfico de tierras

    "Ante la comisión de un delito el Ministerio Público tiene la facultad de investigar, realizar la persecución penal y dar con los autores de los hechos delictivos. Es parte de un trabajo interinstitucional la constitución de una mesa de trabajo de coordinación de articulación de propuesta de definición en el departamento de Santa Cruz", sustentó.

    El documento advierte que el avasallamiento y tráfico de tierras urbanas y rurales constituye un problema que genera inseguridad jurídica, afecta al desarrollo de la producción agropecuaria empresarial, patrimonio familiar, los bienes de patrimonio del Estado y de dominio público (tierras fiscales y áreas protegidas).

    Las instituciones que firmaron el convenio interinstitucional de lucha contra el avasallamiento y tráfico de tierras son el Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal de Justicia de Santa Cruz, Consejo de la Magistratura, Tribunal Agro Ambiental, la Fiscalía General del Estado y los ministerios de Gobierno, de Transparencia, de Desarrollo Rural y Tierras, y de Justicia.