POLICÍA INTERVINO BLOQUEO EN INGRESO A BOTADERO CRUCEÑO

Alcaldesa levanta huelga de hambre

Camiones ingresando a depositar basura en Normandía Santa Cruz. Foto: El Sol

SANTA CRUZ, BOLIVIA (ANB / Erbol).- La Policía Departamental de Santa Cruz intervino anoche el bloqueo de vecinos en el ingreso al botadero de basura de Normandía, luego que fracasó el diálogo sobre pedido para traslado de ese relleno sanitario a otra zona.

El operativo se cumplió con la participación de decenas de efectivos y pese a la oposición del piquete, la zona fue despejada y se normalizó el ingreso de carros basureros.

“La policía intervino en el bloqueo en Normandía, no hemos llegado a ningún acuerdo, yo voy a invitar a todos los vecinos (a dialogar), como Gobierno Municipal ha sido de conciliación, llamarlos para trabajar juntos”, dijo a Radio Santa Cruz la alcaldesa Desirée Bravo.

Asimismo la autoridad decidió levantar la huelga de hambre que instaló el miércoles en la noche en puerta del Comando Departamental de la Policía, en el que solicitaba que se utilice la fuerza pública para que se despeje el acceso al relleno sanitario.

“Yo he levantado la medida de presión de huelga para que la policía pueda intervenir el bloqueo”, argumentó Bravo hace horas atrás.

El lunes, vecinos del lugar decidieron bloquear el vertedero porque la empresa pretendía continuar depositando basura en el lugar, los afectados pedían su clausura y la habilitación de otro y en un lugar más alejado de la ciudad.

El fiscal departamental, Gomer Padilla, adelantó que se apertura una investigación de oficio contra los vecinos que impidieron el ingreso de los carros basureros al vertedero, por los delitos de atentado a la salud pública y a un servicio público y restricción al trabajo.

Hasta el miércoles se acumuló alrededor de 3.900 toneladas de basura en avenidas, plazas y calles de Santa Cruz.

La empresa brasileña Vega Engenharia es la que se adjudicó para prestar el servicio de aseo de la ciudad por cinco años, por un monto de $us 155.051.099, es decir, $us 31 millones cada año. Pero el conflicto hizo ver que no se tenía un plan de contigencia para enfrentar casos extremos.