Represión
en Venezuela
LA PAZ, BOLIVIA (ANB / EL PAÍS).- La creciente tensión en Venezuela se ha visto incrementada
este martes con la muerte de un adolescente de 14 años, Kluiver Roa,
supuestamente de un disparo, durante los violentos enfrentamientos entre
manifestantes opositores y las fuerzas de seguridad en San Cristóbal, en el
Estado de Táchira. La ciudad fue el epicentro de las protestas en las que hace
un año fallecieron 43 personas. Las circunstancias de la muerte son confusas,
según el jefe policial Ramón Cabezas, citado por Reuters.
Cabezas
indicó que un policía habría disparado al suelo en medio de un enfrentamiento
entre jóvenes y la policía nacional bolivariana en las cercanías de la
residencia del gobernador del Estado, José Gregorio Vielma Mora. Roa cayó herido
por una bala. Algunos medios locales indicaban que el joven no participaba en
las protestas, aunque, al mismo tiempo, comenzaron a circular fotos en las
redes sociales en las que se veía supuestamente a Roa con una herida en la
cabeza. El suceso de Táchira ocurre pocas semanas después de que el Gobierno
venezolano autorizase el uso de armas por parte de la policía durante las
protestas.
También
se intensifica la zozobra por las acciones que el Gobierno venezolano pueda
tomar contra la oposición, en medio de la crisis económica, política y social
que afronta el país, y meses antes de las próximas elecciones parlamentarias.
Mientras los partidos de oposición se encontraban en un acto de apoyo al
encarcelado alcalde de Caracas, Antonio Ledezma, se encendieron las alarmas de
que había un hostigamiento contra una de las sedes del partido socialcristiano
COPEI en Caracas. Antonio Ecarri, presidente del partido en la capital, lanzó
la alerta en Twitter. Dijo que un “grupo armado” había entrado a la sede social
en Las Palmas, donde imparten clases para niños y ofrecen consultas médicas a
la comunidad. Denunció que tenían secuestradas a las personas que se
encontraban en el lugar.
Luego
el vicepresidente del partido en Caracas, Mario Acosta, precisó que se trataba de
un grupo de “invasores” que había llegado de madrugada, roto el candado y
forzado la reja para ocupar la sede. Señaló que eran un grupo de hombres y
mujeres, algunos armados con armas cortas, que exigían un espacio para tener
una vivienda digna. Según Ecarri, eran unas 15 o 20 personas, partidarios del
Gobierno, pero que portaban pancartas para reclamar al Gobierno de Maduro que
les diera una vivienda.
Hacia
mediodía, la Guardia Nacional Bolivariana y agentes del Servicio Bolivariano de
Inteligencia (Sebin) entraron al lugar pero no desalojaron a los ocupantes ni
mostraron una orden de allanamiento o de operación. “No cruzaron palabras con
nosotros, con ninguno de los dirigentes del partido que estábamos allí. Es un
evidente atropello, lo que primero terminó siendo secuestro, pasó a invasión y
luego pasó a un allanamiento ilegal”, dijo Ecarri. Los funcionarios del Sebín
se llevaron material de propaganda política de anteriores elecciones que se
encontraba en el lugar. El martes la sede continuaba ocupada. El presidente de
COPEI, Roberto Enríquez, dijo también que otras sedes del partido en distintas
ciudades del país también habían sido amenazadas pero no se informó de ningún
incidente.
Mientras,
un grupo de diputados oficialistas fueron a la Fiscalía a solicitar la apertura
de una investigación formal al diputado de oposición, Julio Borges, señalado
por Maduro de estar presuntamente involucrado en el supuesto plan golpista
contra Maduro. Unas horas después, convocaron para el día martes a una sesión
en la Asamblea en la que se iba a debatir la presunta participación de Borges
en esos planes. “Nos toca dar la cara y resistir”, dijo Borges en una radio,
antes de que comenzara la sesión parlamentaria.
Según
una columna de Luis Vicente León, presidente de la firma encuestadora
Datanálisis, la represión y la intimidación buscan generar mayor abstención
entre la población en las próximas elecciones, factor que siempre ha favorecido
al Gobierno que cuenta con una maquinaria efectiva, pero también podría resultar
contraproducente, “enjuiciar a líderes opositores clave podría generar una
dinámica al revés de la perseguida por el Gobierno", afirma;
"unificaría a la oposición alrededor de una estrategia electoral para
enfilarse hacia los comicios legislativos por venir”.
Uno
de los líderes opositores, Henrique Capriles, se ha referido este martes a los
datos de la principal encuestadora del país, para volver a cargar, a través de
Twitter, contra el presidente Maduro. Según Datanálisis, el 85,6% de los
venezolanos considera la situación del país negativa; el 79% cree que Maduro no
está preparado para enfrentar la crisis económica y el 52,5% considera que el
principal responsable del desabastecimiento es el presidente.
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