PRIVATIZACIÓN: PRESENTAN DOS PROPOSICIONES ACUSATORIAS CONTRA 13 EX AUTORIDADES

LA PAZ, BOLIVIA (ANB / ABI).- La comisión mixta de la Asamblea Legislativa Plurinacional, que investigó el proceso de privatización en Bolivia, presentó el martes dos proposiciones acusatorias contra 13 ex autoridades de Gobierno, por la enajenación del patrimonio nacional, entre las que figuran el ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada (2002-2003), Samuel Doria Medina y Carlos Sánchez Berzaín, informó el vicepresidente Álvaro García Linera.

    "Dos proposiciones acusatorias, la primera contra Gonzalo Sánchez de Lozada, Carlos Sánchez Berzaín, Fernando Illanes, Reinado Peter, Samuel Doria Medina, Arturo Beltrán Caballero y Flavio Escobar. La segunda proposición acusatoria contra Gonzalo Sánchez de Lozada, Carlos Sánchez Berzaín, Gonzalo Afcha, Reinaldo Peters, Alfonso Revollo, Jaime Villalobos, Fernando Candia, José Luis Landívar y Rolando Suárez Montoya", informó en la sesión plenaria del legislativo boliviano.

    El también presidente nato de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), explicó que las dos proposiciones acusatorias, que presentó la Comisión investigadora de la privatización, se refieren estrictamente a dos casos, la privatización de la  Empresa Nacional de Ferrocarriles del Estado (ENFE) y el proyecto de Formación de Capital en Áreas Secundarias (FOCAS).

   Explicó que existen más casos de empresas privatizadas que también serán investigados.

    "Tenemos cerca de 100.000 hojas que han sido revisadas un año por esta comisión, no se ha acabado el trabajo", sustentó al mostrar documentos y recortes de periódicos de esa época.

    En la sesión de clausura de la gestión legislativa 2014-2015, se dio lectura a la proposición acusatoria que involucra a 13 ex autoridades por los delitos de contratos lesivos al Estado, incumplimiento de deberes y conducta antieconómica.

    "Ningún boliviano puede olvidarse de quién ha hecho daño a Bolivia, si no, no sería boliviano", subrayó García Linera.

    Informó que se puede iniciar un proceso penal contra las autoridades que le causaron daño económico al Estado, porque según la Constitución Política del Estado, "los delitos cometidos por servidores públicos que atenten contra el patrimonio del Estados son imprescriptibles, que no admiten régimen de inmunidad".