Venezuela
con "gravísimo deterioro"
ESPAÑA (ANB / EL PAÍS).- Pese a noticias esperanzadoras como las grandes expectativas
que ha generado el anuncio de normalización de relaciones entre Cuba y Estados
Unidos o los avances en las negociaciones de paz de Colombia, América Latina no
registró en 2014 grandes mejorías en sus muchos problemas relacionados con el
respeto de los derechos humanos. Más bien al contrario: según advierte Human Rights
Watch en su último informe anual, publicado este miércoles, se han sufrido
algunos “serios retrocesos” en un campo que sigue suscitando preocupación en la
región.
La
organización hace un diagnóstico de 14 naciones de la región, y aunque elude
hacer “ránkings” sobre cumplidores y violadores de derechos humanos, en el
informe especifica que Venezuela, México, Cuba y Colombia son de los países de
la región que más preocuparon en 2014.
Entre
los países seleccionados también está Estados Unidos, del que destaca que pese
a las fuertes protecciones constitucionales, sigue habiendo “violaciones
sistemáticas” de leyes y prácticas en las áreas de justicia penal, inmigración
y seguridad nacional.
Para
HRW, el caso del joven negro desarmado abatido por un policía blanco en
Ferguson, Misuri, es un ejemplo de la “alarmante brecha existente entre el
respeto por la igualdad de derechos y el tratamiento de las minorías raciales
por parte de las fuerzas del orden”. La organización critica, asimismo, la
“represiva” respuesta al incremento del flujo de indocumentados registrado en
2014 y el “quebranto” de libertades como la de prensa o expresión que suponen
los programas de vigilancia masiva de este país.
México
Las
masacres de Iguala y Tlatlaya son, a juicio de HRW, los máximos exponentes de
los “gravísimos” problemas de desapariciones forzadas, abusos militares,
impunidad y corrupción que persisten en México. Y revelan los “avances
limitados” que el Gobierno de Enrique Peña Nieto ha logrado para juzgar a los
culpables de los “asesinatos, desapariciones forzadas y hechos de tortura
generalizados perpetrados por soldados y policías” en el marco de las acciones
heredadas de la “guerra contra el narcotráfico” iniciada por el Gobierno de
Felipe Calderón.
“México
se encuentra hoy inmerso en la peor crisis de derechos humanos en años”, ha
sostenido el director para las Américas de HRW, José Miguel Vivanco, para quien
el Gobierno de Peña Nieto reaccionó “mal y tarde” tanto en la matanza de los 43
estudiantes de Iguala en septiembre, como en el de la ejecución extrajudicial
de al menos 12 civiles en Tlatlaya unos meses antes.
“La
comunidad internacional debería seguir muy de cerca esta situación e instar
activamente a México a que adopte medidas concretas para determinar el paradero
de las miles de personas desaparecidas (según cifras oficiales) y terminar con
la impunidad generalizada de las desapariciones, las ejecuciones, y la tortura
en el país”, reclama Vivanco en declaraciones por correo electrónico a EL PAÍS.
Sobre
todo, Estados Unidos, que a juicio de Vivanco, “debería dejar de certificar que
México cumplió con las condiciones de derechos humanos incluidas en su
legislación que provee asistencia a México, ante la rotunda evidencia de que no
lo está haciendo”.
Venezuela
En la
lista de países que preocupan a HRW está también el “gravísimo deterioro” de
los derechos humanos en Venezuela, especialmente por la reacción oficial y las
secuelas que dejaron las protestas ciudadanas de la primera mitad de 2014,
incluida la detención de dirigentes opositores como Leopoldo López.
La
organización denuncia una “sistemática” violación de derechos humanos por parte
de las fuerzas de seguridad venezolanas que “han empleado rutinariamente un uso
ilegítimo de la fuerza contra manifestantes no armados”. Además, continúa HRW,
durante las detenciones, muchos de los arrestados —más de 3.300 según cifras
oficiales— sufrieron abusos como “violentas golpizas, descargas eléctricas o
quemaduras”.
Todo
ello en un marco donde la justicia “ha dejado de actuar como un poder
independiente del Gobierno” de Maduro, que por su parte “ha ampliado y ejercido
en forma abusiva sus potestades de regular los medios de comunicación” y ha
tratado de “marginar” a los defensores de derechos humanos del país.
Para
Vivanco, la comunidad internacional “tiene la obligación de ponerse firme y
ejercer presión ante el Gobierno de Maduro”.
Resulta
“indispensable”, subraya, que especialmente los latinoamericanos “presionen al
Gobierno de Venezuela” en esta materia, porque “cuando los reclamos vienen de
gobernantes con credibilidad democrática”, recuerda, el costo político de
ignorarlos es “altísimo”.
Colombia
La
violencia asociada a décadas de conflicto armado en Colombia sigue lastrando al
país pese a los intentos de negociar la paz con guerrillas como las FARC en
Cuba, un proceso para el que Vivanco subraya su “pleno apoyo”.
Para
HRW, especialmente graves son varios proyectos legislativos impulsados por el
Gobierno de Juan Manuel Santos —sobre todo por el ministro de Defensa, Juan
Carlos Pinzón— que “limitarían” el juzgamiento de los asesinatos de civiles
perpetrados por militares, los famosos “falsos positivos”, favoreciendo por
tanto la impunidad.
Estos
proyectos legislativos “generarían un grave riesgo de que estas causas se
transfieran de la justicia penal ordinaria al sistema de justicia militar, que
carece de independencia y tiene un deplorable récord en materia de
investigaciones sobre violaciones de derechos humanos”, advierte en su informe.
A
ello se una la implementación “sumamente lenta” tanto de la Ley de Justicia y
Paz para paramilitares desmovilizados, como del proceso de restitución de
tierras incluido en la Ley de Víctimas. Todo ello en un continuado ambiente de
“amenazas y ataques” contra defensores de derechos humanos, periodistas y
sindicalistas.
Cuba
El
acuerdo con Estados Unidos anunciado a mediados de diciembre para normalizar
relaciones tras 50 años de tensiones, y la liberación de 53 presos políticos
que lo acompañó, no ha suavizado las críticas de HRW a la situación de derechos
humanos en Cuba y la continuada “represión” gubernamental a los “individuos o
grupos que expresan críticas o reivindican derechos fundamentales”.
La
organización cita cifras de la opositora Comisión Cubana de Derechos Humanos y
Reconciliación Nacional (CCDHRN), que dijo haber recibido más de 7.000
denuncias de detenciones arbitrarias entre enero y agosto de 2014. Eso,
recuerda HRW, supone un “drástico incremento” respecto a 2013 (2.900 denuncias)
y 2010 (1.100).
A pesar
de los 53 liberados, la organización recuerda que continúan en prisión “decenas
más” de presos políticos y que en general cualquier cubano que se muestre
crítico con el Gobierno está expuesto a ser perseguido penalmente sin garantías
de debido proceso.
Para
Vivanco, no se debe pecar de “ingenuo” y pensar que habrá cambios inmediatos en
la situación de derechos humanos en Cuba tras las negociaciones con EE UU. No
obstante, señala, si Washington es capaz de involucrar a las democracias de la
región en el proceso, “es mucho más probable que esto obligue al Gobierno
cubano a mejorar su deplorable récord en derechos humanos”.
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