IGLESIA CATÓLICA PIDE DENUNCIAR EL VOTO CONSIGNA POR ILEGAL Y ANTIDEMOCRÁTICO

Condena uso de bienes para legitimar el poder

Monseñor Eugenio Scarpellini. Foto: Erbol.

TARIJA, BOLIVIA (ANB / Erbol).- La Conferencia Episcopal Boliviana (CEB) pidió a la población que denuncie a los partidos y dirigencias que realicen acciones orientadas a promover “el llamado voto consigna” -que obliga a las personas a elegir una opción política determinada- porque es ilícito y antidemocrático.

“No es lícito, ni democrático que partidos políticos, comunidades, organizaciones sociales o dirigencias pretendan canalizar el llamado voto consigna. No hay ningún argumento válido que legitime estas acciones que, por otro lado, deben ser denunciadas y resueltas oportunamente por los órganos establecidos, porque soslayan la libertad de pensamiento, la libre expresión y la estabilidad democrática”, dice un comunicado de la CEB leído por el monseñor Eugenio Scarpellini.

En los últimos meses, organizaciones sociales afines al Movimiento Al Socialismo (MAS) advirtieron con controlar el voto de sus afiliados. Primero fue la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) y después la Confederación de Mujeres Bartolina Sisa. Incluso el diputado Luis Gallego afirmó que en los ayllus del norte de Potosí se chicotearía a quienes osen votar cruzado.    

Al respecto, la representación de la Iglesia Católica recordó que “el voto es un derecho constitucional, individual, secreto, libre, consciente y responsable, fundado sobre los principios de libertad de conciencia y de elección. Por eso los ciudadanos deben ejercer este derecho sin temores, pues todos tenemos el deber moral de participar activamente de este proceso electoral”.

Añadió que atenta contra los derechos fundamentales “todo lo que impide o condiciona el voto: presiones, insultos, descalificaciones, discriminaciones de diverso tipo, peor aún, cualquier forma de amenaza o agresión física”.

Condena uso de recursos públicos y privados para chantajear

La CEB indicó que “es particularmente condenable, venga de quien venga, que se usen instituciones, bienes y recursos, públicos y privados, como instrumento de presión, chantaje o legitimación de poder”.

En agosto, la misma institución advirtió que “en el partido en función de gobierno se ha venido argumentando un falso dilema entre gestión pública y propaganda política cuando es evidente que se usan recursos del Estado con una clara intencionalidad de reconocimiento y, por consiguiente, de prolongación en esferas de poder”.