LA PAZ, BOLIVIA (ANB / ABI).- La Procuraduría General del Estado y el Ministerio
de Justicia iniciaron el miércoles la socialización del Proyecto de Ley de
Conciliación y Arbitraje, documento que fue entregado en primera instancia al
Consejo Directivo en pleno de la Confederación de Empresarios Privados de
Bolivia, que se reunió en la ciudad de La Paz.
La
subprocuradora, Erika Chavez, explicó
que ese documento fue entregado a los empresarios siguiendo las líneas de
trabajo para elaborar una ley de manera consensuada y coordinada con aportes de
los interesados.
"Esperaremos que esta ley sea analizada y sus aportes, comentarios,
sugerencias serán incluidas en este Proyecto de Ley, antes de ser enviada a la
Asamblea Legislativa Plurinacional para su aprobación", dijo al pleno de
los Empresarios Privados.
El
presidente en ejercicio de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia
(CEPB), Ronald Nostas, agradeció al Presidente Evo Morales "por cumplir su
palabra de realizar otra ley en consenso con el empresariado".
"Es
vital contar con una norma que esté acorde a la Constitución y que marque los
espacios claros para resolver las controversias de manera amistosa, esto
demuestra la seriedad del Estado, el de recurrir también a foros independientes
para estos temas", aseguró.
El
viceministro de justicia, Gabriel Machicado, indicó que la socialización se
llevará adelante con todos los sectores interesados en el país.
El
Proyecto de Ley de Conciliación y Arbitraje fue trabajado por la Procuraduría
General del Estado y el Ministerio de Justicia, posee tres títulos, 127
artículos, cuatro disposiciones finales, dos disposiciones transitorias y 2
abrogatorias.
El objeto
de esa norma es regular la conciliación y el arbitraje como medios alternativos
de solución de controversias y remplazará la ley de Arbitraje de 1997.
El
presidente de la C{amara de Senadores, Eugenio Rojas, dijo que en la Asamblea
Legislativa "se puede realizar modificaciones para mejorar aún más estas
dos leyes", pero que depende del Órgano Judicial, en concreto del Tribunal
Constitucional para acelerar y garantizar este trabajo.
El
Procurador Héctor Arce, quien también es proyectista del Nuevo Código Procesal
civil, aclaró que procedimientos que antes eran judiciales y que son actualmente
en el código de procedimiento Civil vigente, con el nuevo Código pasan a ser
procedimientos administrativos ante los notarios.
Agregó que
la aplicación del Código Procesal Civil está directamente vinculada con la
aplicación de la Ley del Notariado. "Si queremos aprobar el código civil
sin la vigencia de la ley del Notariado estaríamos dejando varias instituciones
jurídicas en el limbo, afectando la seguridad jurídica de los ciudadanos".
Arce puso
como ejemplo todo el régimen de herencia, de sucesiones que estaría corriendo
riesgo de quedar en el limbo porque no estaría ni el Código Procesal Civil ni
en la Ley del Notariado que no ha podido entrar en vigencia a causa de la
determinación asumida por la Comisión de Admisión del Tribunal Constitucional.
"Son imposibilidades eminentemente técnicas en Derecho", manifestó.
Una
comisión del Tribunal Constitucional Plurinacional dejó sin efecto la Ley 483,
del Notariado Plurinacional, promulgada el pasado 25 de enero, a raíz de una
demanda abstracta de inconstitucionalidad, interpuesta por el diputado opositor
Luis Gantier, decisión que fue calificada de ilegal.
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