INFORME OFICIAL ASEGURA QUE DESECHOS MINEROS NO LLEGARON AL PILCOMAYO

Comisión interinstitucional

LA PAZ, BOLIVIA (ANB / Erbol).- La comisión interinstitucional que analizó el sifonamiento del dique de colas de la empresa minera Santiago Apóstol concluyó que los residuos derramados no llegaron al río Pilcomayo, informó hoy  el ministro de Minería, César Navarro.

“El informe concluye que, del análisis del recorrido y la calidad de las aguas relacionadas con el PH (acidez del líquido), se puede establecer que las colas y el contaminante resultante del sifonamiento no alcanzaron las aguas del río Pilcomayo”, indicó el Ministro, según reporte de radio Aclo de la Red ERBOL.

La comisión interinstitucional está integrada por representantes de los ministerios de Minería y Medio Ambiente; las gobernaciones de Potosí y Chuquisaca; además de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol).

Volumen

Navarro indicó que el volumen de los desechos vertidos por Santiago Apóstol asciende a 3.369 metros cúbicos, los cuales representan el 5 por ciento del material contenido en el dique de colas.  

No obstante, en una anterior oportunidad, el gobernador Félix Gonzales aseveró que el derrame era de 30 mil metros cúbicos. Después aclaró que este informe preliminar estuvo apresurado.  

Distancia

Navarro explicó que la empresa minera está a 28 kilómetros del Pilcomayo y que el 80 por ciento del material vertido se quedó en los primeros cinco kilómetros, mientras que el restante 20 por ciento avanzó hasta 14 kilómetros.

Plazo

Gonzales, también presente en la conferencia de prensa, aseveró que la empresa minera tiene hasta el 7 de septiembre, antes de la época de lluvias, para retirar el sedimento derramado.

Este informe conclusivo será transmitido a los gobiernos de Argentina y Paraguay, los cuales también expresaron su preocupación por el derrame tóxico registrado el 4 de julio.

Por este derrame, el representante legal de la empresa Santiago Apóstol, Mario Cano, es procesado por delitos contra la salud pública y es pasible a una sanción de hasta 10 años de privación de libertad. (J.M.)