GOBIERNO PLANTEA REVOCAR MANDATO DE MAGISTRADAS SUSPENDIDAS DEL TC Y NIEGA SUS ACUSACIONES

LA PAZ, BOLIVIA (ANB / ABI).- El Gobierno planteó el martes un referendo revocatorio del mandato de autoridades judiciales suspendidas por contravenciones y negó las acusaciones de dos de ellas desafectadas del Tribunal Constitucional (TC), dijo la ministra de Justicia, Sandra Gutiérrez.

    "Estamos viendo ir a un revocatorio, ellos fueron elegidos por el pueblo y será el pueblo quien defina si realmente esas personas tengan que ser revocadas, aquí no será una situación unilateral, el Gobierno no actuará a dedazo, ni arbitrariamente, será el pueblo quien decida si estas autoridades judiciales se tiene que ir o se quedan", apuntó en rueda de prensa.

    Gutiérrez reseñó que el Gobierno no influyó en la decisión de la Cámara de Diputados que suspendió de sus funciones a las magistradas Ligia Velásquez y Soraida Chávez, electas por voto popular.

    Rechazó que las dos magistradas digan que se trata de un juicio político, hecho que es aprovechado por la oposición que politiza un tema jurídico que derivo de la acción de inconstitucionalidad contra la Ley del Notariado.

    "Nosotros esta situación la tomamos con un ejemplo para que vean cómo está funcionando la justicia, en las aberraciones a la que llegan", expresó la autoridad.

    A su juicio están demostrando que "aquí no hay omnipotentes, no hay autoridades intocables, el hecho de que hayan sido electos no significa que sean intocables, para nada, cometieron fallas y por tanto deben asumir esas faltas jurídicamente", acotó.

    Aseguró que con el actuar de las dos magistradas, el Tribunal Constitucional 'vulneró' los derechos de bolivianos y funcionarios de las notarías al suspender la aplicación de la Ley del Notariado, luego que aceptó la demanda de inconstitucionalidad presentada por el diputado Juan Luis Gantier.

    Según Gutiérrez lo que más le preocupa es que las magistrados que conocieron la causa emitieron el Auto Constitucional 0106 en el que establecen la suspensión de la aplicación de la Ley 483 hasta la emisión de la sentencia constitucional que resuelva la acción presentada.