COCHABAMBA,
BOLIVIA (ANB / ABI).- El presidente en ejercicio Álvaro García Linera
consideró el martes una obligación el inicio del juicio de responsabilidades
contra las dos magistradas del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) ante
la "arbitrariedad", que cometieron, al paralizar la aplicación de una
ley (la Ley del Notariado), acción que daña a la población.
"El Tribunal no ha emitido una
sentencia sobre la ley, pero paralizó la ley y eso es una locura, eso es poner
la legalidad de cabeza, por lo tanto a los responsables de esa ilegalidad que
hace daño al Estado y a los ciudadanos bolivianos, hay que obligatoriamente
enjuiciarlos porque eso manda la Constitución", dijo.
En una improvisada rueda de prensa en la
ciudad de Cochabamba, agregó que "aquí hay una arbitrariedad nunca se paró
una ley con la sola admisión se para con una sentencia constitucional no con
una admisión".
La madrugada de esta jornada, el pleno de
la Cámara de Diputados aprobó por mayoría absoluta el inicio de un juicio de
responsabilidades contra las magistradas Soraida Rosario Chanez Chire y Ligia
Mónica Velásquez Castaños, por los presuntos delitos de resoluciones contrarias
a la Constitución y las leyes, prevaricato e incumplimiento de deberes,
transgresiones tipificadas en el Código Penal.
Las magistradas Chanez y Velásquez, junto
con el magistrado Gualberto Cusi Mamani, en su condición de miembros de la
Comisión de Admisión del Tribunal Constitucional, dictaron, el 13 de marzo de
2014, un Auto Constitucional que suspende la aplicación de la Ley No. 483 del
Notariado Plurinacional, violando varias normas legales, según las pruebas de
cargo presentadas por las denunciantes, notarias Norka Jackelín Soto Serrudo y
y Stenka Geovanna Udaeta España de Pacheco.
Para García Linera el tema es muy
"sencillo" no hay por qué "darle más vueltas", ya que
"no es un tema político es un tema de procedimiento legal", mencionó
en alusión a versiones sobre una supuesta persecución política de la que
hablaron las afectadas y miembros de la oposición.
Insistió en que el auto constitucional por
el cual dispusieron la admisión de la solicitud de inconstitucionalidad a la
Ley del Notariado y suspendieron la norma, es inconstitucional porque una ley
debe ser paralizada con una sentencia.
Sostuvo que en Bolivia "nunca" se
había paralizado la aplicación de una ley con la sola admisión, debido a que
una ley se paraliza con una sentencia constitucional.
"No con una admisión, en ninguna parte
del mundo se puede porque están vulnerando los procedimientos, o por
desconocimiento, o por ineptitud, incapacidad, o por mala fe, pero el dañado es
al Estado, no es a Álvaro García, el dañado es al Estado, al ciudadano de a pie
que no puede aplicar una Ley del Notariado, que le ayudaba a agilizar sus
trámites", dijo.
Consultado sobre las versiones de la
diputada Rebeca Delgado sobre la pretensión del partido gobiernista de buscar
el "control absoluto" del TCP, García Linera evitó comentar y replicó
rumores sobre un supuesto "compadrerío" entre la legisladora y una de
las magistradas.
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