LA
PAZ, BOLIVIA (ANB / ABI).- El Departamento de Justicia de Estados
Unidos se comprometió el viernes a acelerar la revisión de los documentos
entregados por la comisión boliviana que viajó a Washington, para presentar el
segundo exhorto de extradición del ex presidente de Bolivia, Gonzalo (Goni)
Sánchez de Lozada, y dos de sus ex ministros, acusados por genocidio y otros
delitos en la denominada Masacre de Octubre Negro de 2003, informaron fuentes
oficiales.
"Hemos sostenido una reunión con la
Fiscal General Adjunta de la División Criminal del Departamento de Justicia de
Estados Unidos (Leslie R. Caldwell) para explicarle las razones por las cuales
se ha presentado un segundo exhorto de extradición de Sánchez de Lozada. Ella
se ha comprometido a dar agilidad a la revisión de los documentos, conforme al
trabajo que realizan en esa instancia", informó la ministra de Justicia de
Bolivia, Sandra Gutiérrez.
La autoridad boliviana señaló que a la
visita protocolar asistió el fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero; y el
representante de negocios de Bolivia en Estados Unidos, Freddy Berzati.
En dicha oportunidad, el Fiscal General del
Estado expuso su preocupación para que ese tema sea resuelto lo antes posible,
ya que se trata un caso de vulneración de derechos humanos y de delitos de lesa
humanidad.
Gutiérrez dijo que la representante del
Departamento de Justicia del país norteamericano pudo comprender la
preocupación del Gobierno boliviano sobre el caso, que desde hace más de diez
años no puede ser resuelto.
"La autoridad norteamericana ha podido
entender la magnitud del caso y nuestra preocupación como Gobierno de dar
celeridad al mismo y de esa manera poder brindar una respuesta a nuestra
población, en especial a las víctimas que claman justicia", indicó la
Ministra de Justicia.
La comisión boliviana, compuesta por
autoridades y víctimas de Octubre Negro, que viajó a Washington, entregó en
horas de la mañana de este jueves el segundo exhorto de extradición del ex
presidente de Bolivia, Gonzalo Sánchez de Lozada, y sus entonces ministros
Carlos Sánchez Berzaín y Jorge Berindoague, acusados por los delitos de
genocidio, homicidio, vejaciones y torturas, lesiones gravísimas, lesiones
graves y leves, privación de libertad y allanamiento de domicilio.
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