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martes, 6 de mayo de 2014

REMANENTES DEL SUMI Y SPAM SERVIRÁN PARA CONTRATAR RECURSOS HUMANOS Y MEJORAR ATENCIÓN


LA PAZ, BOLIVIA (ANB / ABI).- El ministro de Salud, Juan Carlos Calvimontes, informó el martes que con los remanentes del Seguro Universal Materno Infantil (SUMI) y el Seguro Para el Adulto Mayor (SAM), las alcaldías podrán contratar recursos humanos para mejorar la atención a las personas de la tercera edad, mujeres embarazadas, personas con discapacidad y mujeres en edad fértil, como establece la Ley de Servicio Integral de Salud.


    'Esta Ley les permite a las alcaldías poder contratar recursos humanos con los saldos del SUMI y del SPAM, porque antes solo podían utilizarlos en infraestructura, equipamiento y medicamentos, pero no estaban autorizados para la contratación de recursos humanos', dijo en una entrevista con una televisora.

    Explicó que en la gestión 2012 el SUMI nacional tiene un remanente de más de 633 millones, con una ejecución del 65 por ciento; y el SPAM un saldo de más de 78 millones, con una ejecución del 59 por ciento.

    Calvimontes recordó que el SUMI era un seguro que se cancelaba por prestaciones, es decir, por atenciones médicas, entre tanto el SPAM se cancelaba por una prima extremadamente baja de 711 bolivianos 'y por eso ningún centro de salud los quería atender'.

    Aclaró que esta Ley es la unificación del SUMI y el SPAM, que eran dos seguros con los que contaba la población, y se amplía a las personas con discapacidad y a las personas en edad fértil.

    También aseguró que los municipios tenían problemas en la reinscripción del SPAM, convirtiéndose en un trámite burocrático, situación que ahora con la nueva Ley 'se atenderá a los pacientes con la sola presentación del carnet de identidad'

    Por otra parte, informó que la firma de convenios para la atención en salud sigue vigente, 'ya que los municipios en función de su autonomía tienen esa potestad exclusiva'.

    El Ministro de Salud recordó que los recursos de los seguros SUMI y SPAM provienen del 10 por ciento de la coparticipación tributaria, pero que tras una decisión de los alcaldes se amplió a 15,5 por ciento 'de forma voluntaria'.

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