SUCRE,
BOLIVIA (ANB / ABI).- El fiscal general interino, Roberto Ramírez, informó el
miércoles que el Ministerio Público encontró varias observaciones en las 47
denuncias presentadas por el Ministerio de Transparencia y Lucha Contra la
Corrupción contra funcionarios de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos
(YPFB) por presuntas irregularidades e inconsistencias en sus declaraciones
juradas.
Ramírez explicó
que hubo la ausencia de un procedimiento legal aplicado por el acusador en las
verificaciones de las declaraciones juradas, ante la inexistencia de una
normativa vigente que establezca la forma de realizar esa labor.
'Se explicó
todas las características que deben cumplirse en la presentación de las
denuncias para que el Ministerio Público, de acuerdo a las normas legales,
pueda valorar estos casos y posteriormente, si amerita, iniciar posibles
acciones legales', agregó.
Ramírez también
dijo que no se remitió la información completa que respalda las conclusiones a
las que llegaron los responsables de elaborar los informes adjuntos en las 47
carpetas, documentos en los que establecen la existencia de presuntas
irregularidades e inconsistencia.
Además, se
remitieron todos los informes sin ninguna identificación o firma de quién o
quiénes fueron los responsables de realizar el referido análisis y de solicitar
la información a distintas instituciones
del país, añadió.
Ramírez precisó
también que el Ministerio Público cuestionó la vulneración de derechos y
garantías constitucionales, al no haberse comunicado por parte del Ministerio
de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción a las personas que se nombran en
cada uno de los 47 informes y así darles lugar a que pudieran asumir defensa,
antes de iniciar un proceso penal, que es la última instancia.
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