PIDEN CAMBIOS EN ARTÍCULO 151, USO DE AGUA Y CONSULTA PREVIA EN LEY MINERA

Alegan que proyecto normativo privilegia a cooperativistas

ORURO, BOLIVIA (ANB / Erbol).- La aprobación del proyecto de la Ley de Minería y Metalurgia en la Cámara de Diputados quedó detenida temporalmente por la inconstitucionalidad del artículo 151, el pedido de los regantes y campesinos de definir con claridad sobre el uso de aguas por los mineros y el régimen tributario, además de consulta previa demandado por los originarios, pero la Cámara de Diputados retomó la aprobación de la cuestionada norma.

El 17 de marzo, el presidente Evo Morales, durante la recepción del proyecto de Ley de Minería entregado por mineros cooperativistas, privados e incluso estatal, instruyó a la Asamblea Legislativa aprobar sin modificaciones, a pesar de los pedidos de socialización con los sectores interesados.

“Acá no vamos a tardar ni tres días, hoy día voy a enviar al presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) (…) No debe de cambiarse nada, tiene que aprobarse tal como se está enviando a la Asamblea”, aseguró Morales, pero ya pasaron 13 días.

Al día siguiente, en especial, los sectores afectados con la explotación “depredadora” y la alta contaminación de las aguas por los mineros cooperativistas en Norte Potosí y Oruro, como los originarios, regantes y algunos dirigentes campesinos pidieron a los legisladores socializar y efectuar modificaciones al proyecto normativo.

Pero, los presidentes de la Cámara de Senadores, Eugenio Rojas, del sector campesino de los “ponchos rojos” de la provincia Omasuyos, La Paz, y de la Cámara de Diputados, Marcelo Elio, manifestaron que no era necesario la socialización porque ya fue “consensuado”.

Proyecto de ley de minería y metalurgía from Erbol Digital

“¿Qué sectores podrían estar (interesados)?, ¿el sector campesino?, ¿qué le interesa al sector campesino? ¿Le interesa el medio ambiente? ¿Le interesa a la ciudadanía? No sé, no sé cómo sería el debate. Esto no ha sido el trabajo de un rato sino de tres años”, respondió Rojas.

“Esta ley es prácticamente de consenso, hay detalles que hay que ajustar en lo que es técnica legislativa y en lo que es la precisión de algunos artículos y se está trabajando, y en ese entendido esta ley goza de un consenso de un 98 por ciento”, agregó Elio, el pasado miércoles.

En tanto, los mineros cooperativistas, aliados del Movimiento Al Socialismo (MAS) que recibieron dotaciones de sedes e incentivos de desarrollo, se pusieron en alerta, se declararon en estado de emergencia y amenazaron con cercar a la ALP para evitar las modificaciones al proyecto normativo, que no había sido “consensuado” con todos los sectores del país, propietarios de los recursos naturales del Estado, sino con el sector cooperativista, algunos sindicalistas de la minería estatal, la Central Obrera Boliviana (COB) y el Ejecutivo.

Al reclamo de los norte potosinos, algunos campesinos y el senador Eduardo Maldonado, se sumaron la Gobernación y exdirigentes del Comité Cívico de Potosí, días después la Gobernación de Santa Cruz, sobre la redistribución de las regalías, que el mismo hizo que Morales retrocediera al respecto.

“Hemos decidido que se mantenga tal como estaba (la distribución de las regalías mineras); es decir, el 85 por ciento (para) el departamento y el 15 por ciento a los municipios, pero también desde el gobierno nacional vamos a exigir que cumplan (los gobiernos regionales) lo que está en la ley, que el 10 por ciento (de lo distribuido) debe invertirse en exploración”, señaló el jueves.

Con la decisión gubernamental parecía que se iban a “calmar las aguas”, pero maduró la reflexión de elaborar una norma que beneficie a todos los bolivianos y no “privilegie” sólo a un sector. Es más, el mismo presidente de la Cámara de Diputados y el ministro de Minería, Mario Virreira, admitieron la inconstitucionalidad del artículo 151, del proyecto de ley, que presumiblemente había sido “consensuado” y que no debía modificarse ni una coma.

Virreira, en entrevista con radio Patria Nueva, anunció este sábado que no permitirá que se viole el artículo 351 de la Constitución, pero no se pronunció sobre la demanda de definiciones sobre el cuidado del medio ambiente y el agua, la consulta previa y la disposición tributaria reclamada por los regantes, originarios, campesinos y algunos sectores de los trabajadores.

“Si (se quedara) tal como hemos proyectado, si la cooperativa firmase contrato directamente con una empresa privada; es decir, estaríamos diciendo a la cooperativa esto es lo que el Estado da el derecho y ahora tú tienes que hacerlo, cosa que no está permitido en la Constitución. El Estado no puede delegar ese rol, digamos, de firmar contratos”, aseguró.

La víspera, la Asociación Nacional de Regantes y Sistemas Comunitarios de Agua Potable y la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos (CSUTB) pidieron suspender la aprobación de la Ley de Minería, en la Cámara de Diputados, para realizar revisiones y cambios para que la norma beneficie a todos los bolivianos.

“No vamos a permitir que se apruebe esta la ley maldita, la Ley Minera. Cueste lo que cueste nosotros vamos a defender. Si es que vamos a comenzar la segunda ‘Guerra del Agua’, lo vamos a hacer”, advirtió Martín Feliciano, desde el punto de bloqueo en Challapata, Oruro.

Sin embargo, el ministro de Medio Ambiente y Aguas, José Antonio Zamora, pidió a los movilizados un cuarto intermedio en sus acciones de protesta y se comprometió también parar la aprobación en la Cámara Baja, pero los diputados continúan aprobando la ley cuestionada. El mismo fue calificado como una burla del Gobierno a los regantes, quienes advierten futuras movilizaciones.