ENCARCELAN A EXDIRECTORA DE ENABOL POR CASO BARCAZAS

LA PAZ, BOLIVIA (ANB / Erbol).- La justicia paceña ordenó detención preventiva en la cárcel de Miraflores para la exdirectora jurídica de la Empresa Naviera Boliviana (Enabol), Carmen Rosa Gámez Pereira, por el caso Barcazas.

La Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, en audiencia desarrollada este jueves, dispuso esta medida luego que se admitiera un recurso de apelación presentado por el procurador General del Estado, Hugo Raúl Montero Lara, el 27 de enero de este año.

De acuerdo con el informe oficial, realizada la valoración de los argumentos expuestos en la audiencia de consideración del recurso de apelación, la Sala Penal Primera revocó las medidas sustitutivas a la detención preventiva impuestas a Gámez Pereira.

“La Sala Penal Primera dispuso la revocatoria de la Resolución Nº 014/14 de 24 de enero de 2014, pronunciada por la Jueza Décimo Segundo de Instrucción en lo Penal, Jakelyne Tintaya, que determinó la detención domiciliaria, fianza económica y arraigo de la ciudadana Carmen Rosa Gámez Pereira”, explicó Montero, según una nota de prensa de la PGE.

La audiencia ya había sido suspendida en dos oportunidades debido a que la imputada se hizo presente sin su abogado, por lo que se le asignó un defensor de oficio.

“La Procuraduría General del Estado está desarrollando acciones legales para determinar la responsabilidad penal y garantizar la reparación integral del daño ocasionado al patrimonio del Estado por la adquisición de 16 barcazas y 2 remolcadores/empujadores”, informó.

Antecedentes

En octubre y noviembre de 2009, el exgerente general de la Enabol, contralmirante Freddy Alberto Ballesteros Quiroga, suscribió dos contratos con las empresas Yeunsoo Shipbulding Ltd. Co. y SeAH B&K Duck Sung Sociedad Accidental, con el objetivo de incorporar material de transporte naviero.

Posteriormente, en enero de 2010, Enabol subrogó los dos contratos a la empresa General Marine Bussines Co. (GMB), relación contractual en la que generó el desplazamiento patrimonial de aproximadamente 30 millones de dólares. Hasta el momento las barcazas y los remolcadores no llegaron al país, lo que derivó en un escándalo nacional.