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lunes, 17 de marzo de 2014

DENUNCIAN QUE DOS MAGISTRADAS NO ESTABAN HABILITADAS EN ELECCIÓN DEL ÓRGANO JUDICIAL EN 2011

SUCRE, BOLIVIA (ANB / ABI).- El presidente del Tribunal Agroambiental, Bernardo Huarachi, denunció el lunes que las magistradas Cinthia Armijo y Deysi Villagómez no estaban habilitadas legalmente en la elección de autoridades del Órgano Judicial en 2011, toda vez que ambas son acusadas de delitos de acción pública y administrativa.


    'Estas dos magistradas, antes de ser electas como tales, sí tenían; la primera, una imputación formal; la segunda, una acusación administrativa. Cómo es qué se pudieron habilitar para optar estos cargos', cuestionó en una improvisada conferencia de prensa.

    Huarachi explicó que Armijo tiene un proceso penal público por el delito de falsedad ideológica, que se encuentra en trámite en el Juzgado IV de Sentencia Penal de la Corte Superior de Distrito de La Paz, mientras que a Villagómez sigue un proceso administrativo interno impuesta por el Instituto Nacional de Reforma Agraria.

    El Presidente del Tribunal Agroambiental dijo que ante esas irregularidades demostradas con documentos, tanto el Registro Judicial de Antecedentes Penales (Rejap) y la Contraloría General del Estado, deberán responder con las certificaciones emitidas a estas dos autoridades.

    Asimismo, dijo que en el afán de administrar justicia y como parte del Órgano Judicial, esa instancia imputó formalmente y en su debida oportunidad a Iveth del Rosario Mendoza, Ana Rosa Díaz, Marlene Calvimontes y Farid Antezana, acusados por la presunta comisión de los ilícitos de incumplimiento de deberes, conducta antieconómica y malversación, y conductas ilícitas.

    Los cuatro imputados, ex funcionarios de la Dirección Administrativa y Financiera (DAF) del Órgano Judicial, están investigados por irregularidades y presentación  de los Estados Financieros de 2011.

     Finalmente, sostuvo que el Tribunal Agroambiental también interpuso una denuncia contra Lilian Cecilia Daza, funcionaria pública y encargada Nacional de Activos Fijos de la Dirección Administrativa Financiera del Órgano Judicial, por el delito de uso indebido de influencias.

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