12.400 PERSONAS ESTÁN SIN SENTENCIA EN LA CÁRCEL

Población penal alcanza a 14 mil, dice Aramayo

Foto: Página Siete

LA PAZ, BOLIVIA (ANB / Erbol).- El director de Régimen Penitenciario, Javier Aramayo, reveló que sólo 2.200 internos de 14.203 que existen en el país tienen sentencia ejecutoriada, en tanto que 12 mil 200 guardan detención preventiva.

La autoridad del Ministerio de Gobierno admitió que existe un alto nivel de retardación de justicia, lo que refleja un panorama complejo en materia de retardación de justicia y problemas que existen en el Poder Judicial.

El representante gubernamental afirmó que extreman esfuerzos para revertir este mal momento, con la implementación de la Ley del Indulto.

“Es un desafío pendiente, el de mejorar la aplicación de la Ley. Estamos dispuestos a optimizar el trabajo. La agenda del gobierno nacional es transformar el régimen penitenciario. Buscaremos un sistema moderno, humano y justo”, manifestó.

El 25 de diciembre de 2012, el exdirector de Régimen Penitenciario, Ramiro Llanos, advirtió otro problema más: solo en La Paz, hay 450 personas que tienen detención domiciliaria sin escolta. “Eso quiere decir que los jueces dan este beneficio, entre comillas, a los ricos; los pobres están en prisión”.

“Con o sin los prediarios, los reos pasan hambre en las cárceles. En algunos penales como en Riberalta, Beni, las personas de la cárcel tuvieron que salir a la calle a pedir limosna”, dijo.

Bolivia tiene más cantidad de presos sin condena en toda Latinoamérica, con un 87%, a febrero de 2014, seguido de Paraguay (71%), este es un problema del sistema penitenciario de toda la región donde hay más de medio millón de personas detenidas sin condena, según un informe entregado en el taller “Detenciones Preventivas y Servicios Previos al Juicio” organizado por el Consejo de la Magistratura, Centro de Justicia de las Américas, Fundación Construir y las Naciones Unidas.

El director de Fundación Construir, Ramiro Orías, señaló que a las audiencias cautelares se lleva escasa información del imputado para que el juez tome una decisión.

Alternativa a la injusticia, Javier Aramayo sostuvo que la aplicación de la Ley del Indulto se convierte en una alternativa para enfrentar la retardación de justicia.

“Ya hay 500 personas beneficiarias con esta norma, una cifra significativa, supera el resultado. Estamos trabajando junto al Ministro de Gobierno en tareas operativas. (el alto índice de presos con detención preventiva) es un desafío pendiente de mejorar”, enfatizó.

También mencionó que se impulsa la construcción de nuevos recintos carcelarios en las ciudades de La Paz, Santa Cruz y Sucre para eliminar el hacinamiento y brindar mejores condiciones de vida a los reclusos.

Afirmó –por otra parte- que se encara una estrategia para evitar atrasos en el pago de prediarios y que existe mejor coordinación con las gobernaciones, las que se encargan de ese asunto.

Aramayo anunció para los días 22 y 23 de mayo una mesa penitenciaria en la ciudad de Santa Cruz, con la finalidad de analizar la problemática de las cárceles y la retardación de justicia.