MINISTERIO PÚBLICO RECIBIÓ LA DENUNCIA DEL CASO ILLAPA

Fue presentada por el exministro de Minería

Fiscal de Distrito de La Paz, José Ángel Ponce. Foto: La Razón.

LA PAZ, BOLIVIA (ANB / Erbol).- El fiscal de Distrito de La Paz, José Ángel Ponce, informó que el Ministerio Público recibió la denuncia sobre el cambio de fecha, de un año, en el contrato de Asociación firmado entre la Corporación Minera de Bolivia (Comibol) y la empresa Illapa S.A. (Sinchi Wayra), situación que habría causado al Estado boliviano un daño económico de al menos 20 millones de dólares.

Según la versión de Ponce, la acusación fue presentada por el exministro de Minería, José Pimentel, y uno de los directores de Comibol, Pedro Ticona.

“Se habría recibido en el Ministerio Público una denuncia presentada por José Antonio Pimentel Castillo y Pedro David Ticona Hurtado, en el que hubiese existido sustitución de un documento por otro del proyecto de contrato de asociación de minas Bolívar y Porco, entre Comibol – Illapa S.A., que se habría suscrito el 22 de abril de 2013”, señaló el funcionario.

Ponce detalló, de acuerdo a la denuncia, que “existiría alteración en el contenido y la naturaleza del documento, logrando que sea aprobada por una ley, la 386, del 207/2013”.

De acuerdo a la denuncia que llegó a  Erbol Digital, el primer contrato entre Illapa y Comibol, firmado en 2012 después de la nacionalización de Colquiri, contempla como “fecha efectiva” de inicio del acuerdo el 1 de octubre de 2011, el mismo contrato, pero aprobado por la Asamblea Legislativa en abril de 2013, registra como año de inicio el 2012 en lugar de 2011.

El Fiscal de Distrito indicó que al presente ya se asignó a un fiscal de materia -el doctor Ferrufino-, “quien está en conocimiento de este proceso”.

“No se han pedido mayores informes, esperamos que el fiscal realice sus actuaciones conforme lo tiene dispuesta la ley”, apuntó.

La Corporación Minera de Bolivia (Comibol), el 4 de septiembre de 2013, pidió a la empresa Illapa “suscribir una adenda” a la cláusula cuarta de dicho acuerdo para rectificar el inicio de la “fecha efectiva” de operaciones y así evitar el daño económico; en cambio el hecho fue justificado por el vicepresidente Álvaro García Linera con el argumento de que “en los contratos económicos no se aplica la retroactividad”.