PROCESO DE PAZ EN COLOMBIA ESCUCHA LA VOZ DE LAS VÍCTIMAS

ESPAÑA (ANB / El Pais).- Samuel, 43 años, manos gruesas, piel tostada, hace un esfuerzo para recordar el año en que las FARC empezaron a rondar sus tierras en el Tolima, un departamento en el centro de Colombia donde nació el grupo guerrillero. Pero hay una cifra que no olvida. Este campesino lleva siete largos años malviviendo en Bogotá desde que recibió el ultimátum de la guerrilla para abandonar su finca. “Me dieron tres días para salir”. Esa fue la sentencia que lo dejó sin tierra cuando se resistió a que reclutaran a sus hijos de 12 y 13 años.

Miguel tiene 27 años y también vive en Bogotá. Nació en La Uribe, Meta, en el oriente del país. Como le ocurrió a Samuel, creció en el campo viendo ir y venir a la guerrilla. El día que terminó el bachillerato pensó que había ganado la batalla contra el reclutamiento, consiguió trabajo en Bogotá, regresó en las primeras vacaciones y mientras subía por una loma, una explosión le voló varios dedos de uno de sus pies y el talón. En el hospital contabilizó 27 amputados por minas. Aunque no pudo identificar a los responsables, sabe que las FARC usaban estos artefactos explosivos en su región como una estrategia para frenar al Ejército. Hoy vive aferrado a una prótesis.

¿Estaría dispuesto a perdonar ahora que se negocia el fin del conflicto con las FARC? “Prefiero perdonar a los que nos hicieron daño y no esperar diez años más para perdonar el doble de sufrimiento”, dice. Samuel y Miguel –cuyos nombres reales se omiten para proteger su identidad– forman parte de la abultada cifra de víctimas que ha dejado el conflicto armado colombiano y que, según los registros del Gobierno, ronda los seis millones. Son víctimas no solo de las guerrillas, sino también de paramilitares, bandas criminales y agentes del Estado. La última ronda de negociaciones entre el Gobierno de Colombia y las FARC terminó este fin de semana en La Habana y las conversaciones entrarán en 2014 en su etapa decisiva.

Reivindicar los derechos de las víctimas es un asunto de gran sensibilidad para los colombianos a causa de las devastadoras dimensiones de la guerra. Un informe presentado en julio por el Centro de Memoria Histórica reveló que el conflicto armado ha dejado 220.000 muertos desde 1958, de los cuales el 81% eran civiles. “Es una primera ventana hacia la verdad que les debemos a las víctimas en este país”, dijo el presidente Juan Manuel Santos en su momento. Su Gobierno había dado un primer paso al aprobar en 2011 una ley para reparar a las víctimas y restituirles las tierras de las que fueron despojados.

Santos también reconoció en julio que el Estado ha sido responsable de violaciones a los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario. Lo hizo siguiendo una recomendación de Memoria Histórica en el sentido de que uno de los grandes desafíos para la paz es asumir las responsabilidades.

En el acuerdo de negociación que firmaron las FARC y el Gobierno colombiano para terminar el conflicto –que se discute en La Habana desde hace 13 meses–, el tema quedó resumido en una frase contundente: “Resarcir a las víctimas está en el centro del acuerdo”. Y aunque hoy se concentran en discutir el asunto de las drogas ilícitas, después de haber logrado acuerdos parciales en demandas históricas de la guerrilla como el desarrollo agrario y la participación en política, las víctimas esperan que, en el menor tiempo posible, tanto el Gobierno como las FARC definan cómo reivindicarán los daños que han causado en medio siglo.

El Alto Comisionado para la Paz, Sergio Jaramillo, ha dicho que no negociarán los derechos de las víctimas y que cualquier solución a la que se llegue en materia de justicia –que los analistas coinciden será el nudo gordiano del proceso de paz– tiene que ser construida con su participación.

Las FARC también han dado pequeñísimos pasos, aunque no con la contundencia que la mayoría de colombianos esperan. Después de negarse a reconocer que han provocado víctimas con el argumento de que no son la causa sino la respuesta a la violencia del Estado, en agosto esta guerrilla habló por primera vez de que han causado dolor y se abrió a la posibilidad de una “reparación con total lealtad a la causa de la paz y la reconciliación”. Sin embargo, insistieron en que esto ocurrirá si el Estado hace lo propio.

¿Son estos pasos realmente significativos en aras de la paz? Patricia Linares, subdirectora de Memoria Histórica, así lo cree, aunque aceptar la responsabilidad frente a las víctimas no puede quedarse en retórica. “Debe ir acompañado, cuando se trata del Estado concretamente, y de la guerrilla, si se incorpora en este camino, del diseño de alternativas que aporten a procesos de reparación integral y en el que participen las víctimas”, dice.

Ángela María Robledo, parlamentaria de la Comisión de Paz del Congreso, cree que a las FARC les falta grandeza para pedir perdón. “Han ido abriendo un espacio, que ojalá se vuelva en mayor generosidad frente a lo que ocurrió. Eso provocaría un apoyo grande de la ciudadanía”. Y Clara Rojas, secuestrada durante seis años junto a Ingrid Betancourt, piensa que el paso a seguir sería que las FARC tomen la decisión y se comprometan no solo a dejar las armas, sino a entregarlas “como garantía de no repetición”.

Las víctimas también han dejado claras sus posiciones. En mayo fueron convocadas por las comisiones de paz del Congreso a nueve mesas regionales para escuchar sus exigencias sin importar los responsables. Según la ONU, más de 2.800 víctimas participaron en este proceso que arrojó cerca de 4.000 propuestas que ya fueron enviadas a La Habana.

¿Qué piden? “La mayor verdad y memoria que sea posible, así como la justicia necesaria para que no se generen odios ni la sensación de impunidad. También una reparación integral donde la sociedad en su conjunto pida perdón”, agrega Robledo. Pero por sobre todo un “nunca más”. No quieren que se vuelva a repetir el horror de la guerra.

En esto coincide Marina Gallego, directora de la Ruta Pacífica de las Mujeres, un colectivo que hace poco reunió en un informe más de mil testimonios de féminas azotadas por el conflicto. “Para ellas es central la desmilitarización del país una vez se firme el acuerdo de paz. Eso incluye el desminado, reducir las fuerzas armadas y que realmente haya desmovilización”, dice. En términos de justicia, la mayoría exige que les pidan perdón sin que eso signifique el olvido.

Las víctimas también exigen su silla en la mesa de negociación. “Nosotros no queremos mediadores de nuestra palabra en La Habana”, dice Luz Marina Bernal, líder de las madres de las víctimas de ejecuciones extrajudiciales de Soacha, una localidad de la que militares secuestraron a muchachos para asesinarlos y presentarlos como guerrilleros muertos en combate. “Hay que empezar a destejer la guerra y nosotros como víctimas nos encargaremos de tejer una paz, pero una paz verdadera”, sentencia. El año 2014 será decisivo.