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viernes, 20 de diciembre de 2013

ORO: NI EBO NI LA ADUANA PUEDEN CON EL CONTRABANDO

Descontroles y fraude en la minería aurífera
LA PAZ, BOLIVIA (ANB / Erbol).- Diestros en evadir gravámenes, 25 intermediarios auríferos vinculados a 23.000 cooperativistas del sector y sus dirigentes, están exportando oro como joyas no acabadas, en medio del incesante contrabando de metal precioso, la insaciable presión política de miles de cooperativas mineras en el poder y la ineficiencia del control estatal.

Las cotizaciones cayeron 400 dólares desde su máximo de 1.710 la onza troy hace once meses  a los actuales 1.241, proyectando una sombra de despidos que acelera la explotación del trabajo, la monetización de los recursos y la depredación de la naturaleza por el uso de mercurio y otras sustancias letales, en parajes donde  brilla  la ausencia de licencias ambientales.

A un costado del Palacio de Gobierno, en La Paz, el gramo de oro vale cien dólares; cuatro cuadras más allá, en un mercado popular, cuesta sólo la mitad: 350 bolivianos, para quienquiera que se moleste en averiguarlo.

Pero, “rescatado” por los prósperos intermediarios en la sede de gobierno, el gramo que costaba 305, según el dirigente aurífero Edmundo Polo, vale unos 330; o menos en lavaderos y minas del norte de La Paz.

Y hasta en 280 Bs. en los alrededores de San Ramón, Santa Cruz, de acuerdo a informes de artesanos y consultas hechas esta semana, tras las tardías restricciones a la evasión de impuestos, una vez que el Estado se dio cuenta que la exportación de “desperdicios de oro y amalgamas” –20.5 toneladas (t.) equivalentes a 1.099 millones de dólares (MM/$us.) el 2012, de un total de 27.4 t.– no había pagado  regalías por hasta 71 MM.

“Esa cifra puede ser 30 toneladas”, calcula el ex viceministro y ex director de la estatal minera Comibol, Héctor Córdova, luego de un reciente conversatorio entre especialistas.

EBO, LAXITUD Y TRANSFRONTERIZOS

Del 1994 al 2005, Bolivia perdió cerca de 5.000 MM/$us., según estimaciones oficiales, por el tráfico ilegal de oro hacia Perú y Brasil.
Entre el 2010 y el 2012, dos viceministros del gobierno plurinacional consideraron que el promedio anual de 15 t. destinadas al contrabando se había reducido a dos; y que cada 10 y 15 t. significaban una pérdida de 400 y 700 MM/$us.

Nada de esto sería novedoso, si no fuera porque que en los ocho años del gobierno del presidente Evo Morales, el mayor aliado político de los cooperativistas, el oro drenado ilegalmente sumó otros tantos 4.000 MM/$us.

…y que desde el 2012 incluiría una remesa peruana ilegal, de monto no precisado, pero que al primer semestre del 2013, era de 7,8 t., según cifras oficiales reflejadas por la Fundación Milenio en julio pasado, en referencia al  “comercio internacional transfronterizo de oro”.

“Estos minerales provienen de la producción de países vecinos que ingresaron a Bolivia vía contrabando, para luego ser exportados bajo esas partidas arancelarias”, admitió a comienzos de diciembre, cuatro meses después, el ministro de Minería, Mario Virreira.

“Hay que descartar un salto productivo de esa magnitud; un adicional de 400 % no es posible por el tipo de reservas y de producción casi artesanal, en muy malas condiciones”, observa el experto Carlos Arze.

“Es una forma de un ingreso de contrabando de otros países, particularmente Perú, que aprovechan la flexibilidad en Bolivia”, agrega este investigador del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA).
“No se conoce ninguna empresa ni cooperativa que tenga la capacidad de producción anual de 20 toneladas de oro”, dijo a su vez el ministro Mario Virreira, obligado a informar en noviembre sólo por la fiscalización opositora.

Hace tres años, paradójicamente, el presidente Morales creó la Empresa Boliviana del Oro (EBO) para legalizar la comercialización, formalizar la actividad de mineros pequeños y cooperativistas, y evitar el contrabando hacia otros países.

Senarecom, el Servicio de Registro y Comercialización de Minerales y Metales, funciona desde hace cinco años y en su boletín de abril pasado fue de los primeros en relievar la exportación de los “desperdicios”.

Sin embargo el gobierno no precisa de dónde salió el oro excedente, pese a que Senarecom analiza la calidad del metal, lo mismo que EBO que debe comprar el oro para suscribir las reservas estatales internacionales, recuerda Arze.

“Verificar la calidad requiere también determinar origen, la forma en que ha sido metalizado, su refinación, etc., pero el cúmulo ilegal ha sido clasificado anormalmente como amalgama o desperdicios, no como lingote que es normalmente como sale el oro del país, muy poco en concentrados”.

Aparte del oro peruano legalizado en territorio boliviano, el contrabando desde Bolivia se muestra de todas maneras en alza, con sus secuelas para la inseguridad ciudadana, los ingresos estatales y las reservas internacionales acumuladas por el Banco Central (BCB), que se mantenían en 43 t., sin variación desde el 2011.

Seis lingotes de oro con peso de 2.370 gramos fueron incautados en marzo pasado en el aeropuerto de Viru Viru, de la ciudad oriental de Santa Cruz; “van a pasar al Ministerio de la Presidencia”, dijo entonces la presidenta de Aduanas, Marlene Ardaya, descartando su devolución.

Hace sólo un par de semanas, dos camiones de mineral conteniendo oro fueron retenidos cuando se aprestaban a pasar a Perú. El cargamento procedente de la mina Capacirca, norte de Potosí, fue “cambiado con mineral de oro en La Joya, cerca de la ciudad de Oruro”, de acuerdo con el informe de Fiscalía.

“Sacan como botones y herramientas; algunos camiones hacen pasar llaves cruz que están fundidas en oro, bañadas con otro material”, reveló Virreira esta semana al descargar la responsabilidad de su Ministerio.

“No estamos en la frontera. Quien está es la Aduana, nosotros asumimos el rol informativo”, repuso.

En julio del 2012, las cooperativas auríferas anunciaron puntos de acopio en yacimientos alejados mientras se concretaba la “presencia estatal” publicitada por el gobierno, a fin de prevenir nuevos atracos, después de un asalto armado a dos buses en ruta hacia Apolo, población cercana a la frontera con Perú, con saldo fatal.
En agosto pasado, los especialistas en minería, Dionisio Garzón y Henry Oporto, reclamaron la presencia de personal calificado e información transparente en EBO a fin de retomar el alicaído control estatal de la producción aurífera.

VIVEZA EMPRESARIAL, TARDIA RESPUESTA ESTATAL
Al margen de los daños medioambientales en los ríos y la generación de residuos, desechos y otros desmontes (un promedio de 20 t. por cada una procesada, según datos del colectivo socioambiental CASA),  el desvío del oro está vinculado con el  narcotráfico y el contrabando de diesel subvencionado y gas licuado en garrafas, según reportes oficiales, especialmente en la cordillera de Apolobamba y el altiplano compartidos por Bolivia y Perú.

Mineros y comerciantes llevan en los buses oro y coca, y también dinero por las ventas, de acuerdo a reportes de transportistas en la ruta La Paz-Apolo
“Si hay tan mala capacidad de control,  cualquiera puede animarse a contrabandear”, dice Carlos Arze.

“De hecho se conoce que hay un circuito ilegal de automóviles y otros que están cruzando por la frontera y estarían cambiándose por cocaína, un negocio muy vinculado al oro, que facilita su tránsito”.

El 2011 la exportación irregular de oro fue consignada por el Ministerio de Minería en la categoría “Otras formas” y por el de Economía como “manufactura de oro”, en ambos casos, evadiendo impuestos.

Para el 2012 apareció la figura de amalgamas y desperdicios.
Pero al cerrar el 2013, el ingenio de los rescatistas ha encontrado provecho de otra denominación.
“Las exportaciones de desechos y amalgamas de oro van en descenso porque los comercializadores cambiaron de modalidad: ahora envían ‘joyas’ sin terminar”, reveló el ministro Virreira esta semana.

“No están sacando como desechos, los están sacando como joyas de oro semi terminadas” y  este ítem “no paga” tributos, aseguró, anunciando la ejecución de impuestos nuevos a la joyería, lo que desató la irritación, esta vez, de los orfebres.

INSACIABLES, PERO ELECTORES
El combustible subvencionado y la exención de pagar el Impuesto al valor Agregado (IVA) son algunas de las concesiones hechas por Morales a los cooperativistas, un conglomerado social que presume de controlar unos 500 mil votos, de cara al tercera elección de Morales a la Presidencia.

Son los más favorecidos con el anteproyecto de ley minera, de carácter neoliberal, propuesta por el gobierno, comentan expertos e indígenas, en torno a la legislación paralizada antes de que ingrese al Parlamento, igual que el de reparto de coca, para no tensionar aún más las relaciones con los electores.

Son los “mimados del régimen”, dicen dirigentes del Consejo de Markas y Ayllus del Qollasuyo, que reúne a indígenas quechuas, aymaras y de otras etnias ancestrales del país en cuyos territorios yacen valiosos recursos naturales, además del agua, sin la cual “no hay minería”.

En convergencia con los cocaleros (unos 60 mil sólo en el Chapare, con producción desviada a la fabricación de cocaína) los  143.000 cooperativistas mineros conforman, agregados a contrabandistas, burócratas de nuevo cuño y dirigentes políticos, la llamada nueva burguesía plurinacional, en el poder, y presionan todo lo que pueden  a su condescendiente aliado, en demanda de mayores concesiones mineras y ricos yacimientos públicos, facilitando la evasión de impuestos y el contrabando
“No se ha podido controlar estos flujos porque la propia política del gobierno incentiva esta informalización en sectores como la minería del oro, donde no hay capitales más grandes” en algún modo controlables, agrega el economista Arze.

“Por razones políticas, porque es un sector muy ligado al MAS (un apoyo electoral importante) y porque es una respuesta  espontánea al problema del desempleo, la minería atrae mano de obra no calificada, masiva, sin derechos y empleo muy precario …pero es tabla de salvación”, agrega.

Para un gobierno que no tiene una política clara de empleo, industrialización y generación de nuevas fuentes de trabajo, evalúa Arze, pero que además tiene a este sector como aliado, es muy fácil dejar el oro en sus manos.

“Esa es la forma en que todos los controles se van a relajar, porque es muy difícil controlar a miles de cooperativistas que a empresas formales registradas (con normas ambientales, laborales y  fiscales)”, previene.

Para los sindicatos mineros, también aliados de Morales, los socios del movimiento cooperativo representan a la “nueva burguesía criolla”: “poseen muchas de las características de la minería privada”, concluyeron  los investigadores John Cabtree y Ann Chaplin en su reciente estudio “Bolivia: procesos de cambio”
Por influencia de las políticas del gobernante MAS, algunos segmentos prósperos de trabajadores independientes se han convertido en pequeños capitalistas que obtienen excedentes acumulables merced a la explotación del trabajo ajeno, fenómeno perceptible en la minería, el contrabando, la agricultura comercial y el transporte”, sostiene el CEDLA en su último reporte “¿El proceso de cambio nos conduce a vivir bien?”.

Las acciones estatales en la economía, mediante la aplicación de medidas neoliberales y la limitada redistribución de la renta fiscal, resultan funcionales a la permanencia del patrón de acumulación primario-exportadora, señala.

“Por ello no se puede esperar que la presencia estatal, así sea con la nacionalización de muchas industrias, promueva la difusión paulatina del socialismo”.

TRABAJADORES, PROPIETARIOS, RESCATISTAS Y DIRIGENTES

En enero pasado, el gobierno prohibió a los cooperativistas la exportación de oro hasta que se paguen regalías por las ventas pasadas. Sus dirigentes replicaron que  el sector estaba dispuesto a pagar las regalías al fisco por el oro que producen desde el momento que lo comercializan, pero no con carácter retroactivo, como dispusieron las autoridades.

“Estas restricciones a las exportaciones que afectan a más de 40 mil cooperativistas, vamos a tomar medidas de presión”,  previno Edmundo Polo, ya entonces.
Alentadas por la especulación, 300 nuevas cooperativas auríferas se habían creado entre enero y noviembre de este año, completando las mil existentes, pero esta semana se declararon en "estado de alerta": si la cotización baja a menos de US$1.200 la onza troy, comenzarán  a trabajar ”a pérdida”.

Los que seguían sacando la mejor tajada eran los rescatistas asociados a importantes cooperativas, pese a haberse multiplicado.
Si el 2011, seis personas “rescataban” el 90% del oro extraído por las cooperativas, como reportó el gubernamental diario Cambio, para el 2012 los intermediarios allegados a los cooperativistas mineros, se habían cuadruplicado.

La empresa de Hugo Ramiro Ríos exportó amalgamas por valor de 88.1 MM/$us, y la firma Ángel del Mamoré por casi 10 MM.
En “desperdicios”, Auribol remesó casi 160 MM. “Importaciones&Esp” y “Saavedra-Orozco”  121 MM cada una. Castro Sierra 58 MM y Wayna’s Gold 44. Las otras veinte exportaron el resto de los 1.099 MM.

Ninguno de sus domicilios legales correspondía a los registros oficiales: los señalados  en Fundempresa resultaron otros negocios ubicados en esos domicilios, dijo el ministro Virreira a los diputados.

El 2013 cerraba con las cooperativas del norte paceño disputando al Estado parajes valiosos en los ríos de Mapiri y curso aledaños.

“No vamos a ceder ni un milímetro a instituciones corruptas,  ni permitir que se nos quiten nuestras áreas de trabajo para Comibol –dijo el cooperativista Claudio Salas, amenazando con bloquear los caminos–; defenderemos hasta las últimas consecuencias nuestras áreas, no permitiremos que se rechacen nuestros contratos”.
Agudizando las tensiones “creativas” teorizadas por el vicepresidente Alvaro García, en referencia a las disputas por la renta nacional, y coincidente con el escándalo por el fraude de las regalías, este 17 de diciembre, el presidente de las  cooperativas mineras (Fencomin), Alejandro Santos, denunció que el gobierno alteró cerca del 70 % del proyecto de Ley Minera, que debía ser entregada este 21 de diciembre, aniversario del sector.

Impugnó que los contratos sean aprobados por la Asamblea Legislativa, pese a haberse acordado que sólo serían autorizados por  Comibol.  “Eso es matar al sistema cooperativo boliviano”, advirtió Santos, en referencia a la creación de una minería aurífera estatal.

“Están pretendiendo entrar (los del Estado) y nosotros no lo vamos a permitir ni muertos y es por eso que este texto corregido no lo vamos a aceptar”.

Y VAN POR MUCHO MAS
Los cooperativista ya ganaron a mediados del 2012 la pulseta sobre quién pagaría el IVA de los primeros 120 kilos de oro que EBO debía comprar para transferirlos al BC.
También salieron airosos en el no pago del tributo a las utilidades, del 37.5 % por los precios altos.

Igualmente, decidieron que sólo vendería a EBO la mitad de su producción y la otra mitad la exportarían.
Sus contribuciones por regalías a la gobernaciones y municipios no llegan a 5 MM/$us como sector  (33.3 MM/Bs. el 2012)  y en el caso de los auríferos, las cuentas registran que pagaron en regalías apenas 317 mil dólares el año pasado.

Sus dirigentes refieren que están capacitándose en la tecnología del cianuro para mitigar los daños a la madre tierra, y enfatizan que sólo usan mercurio, para las amalgamas.
Pero sus compañeros indígenas denuncian que causan enormes desvíos en las corrientes de los ríos y vierten químicos venenosos a las aguas, explotando además a jornaleros como trabajadores precarios, la mayoría provenientes de las propias comunidades originarias.

Mucho más atentos a las contingencias, los grandes rescatistas que pueden comprar el oro por kilos y hasta toneladas, se han adelantando al gobierno y han dejado atrás la triquiñuela del 2012.

La Fundación Milenio detectó hace medio año a estos “productores  informales” que declaraban exportaciones de desperdicios del oro y que “al primer semestre del 2013 declararon como oro metálico”.

Sólo así cayó en cuenta el ministro de que la modalidad empleada para la evasión era la de joyas “no terminadas”. 
“Para el reporte oficial del 2013 van a tener cuidado porque esto es un escándalo –complementó Arze–: no estamos hablando de salida irregular de dos quintales de quinua, sino de toneladas de oro y eso debería estar sujeto a coordinación con gobernaciones,  Aduana,  Comibol y el Ministerio.  De hecho, hay una nueva definición de los desperdicios, para someterlos a un pago de regalías.

“…Ahora esperemos que eso no sea más bien la forma de legalizar todo este contrabando”,  alertó.

Texto: Rolando Carvajal

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