Empresarios dicen que no participaron en redacción de la ley
Trabajadores de la Empresa Boliviana de Almedra (EBA). Foto: El Sol.
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LA PAZ, BOLIVIA (ANB / Erbol).- La ministra de Planificación del Desarrollo, Viviana Caro, señaló hoy que de acuerdo a la Ley de las Empresas Públicas, promulgada la víspera por el presidente Evo Morales, cada empresa estatal decidirá el límite del monto para la licitación que necesite, de acuerdo a su reglamento interno.
“A partir de qué montos se hacen las licitaciones lo va a definir cada empresa en su reglamento interno, así es como funcionan las empresas en el Código de Comercio, y así es como han estado funcionando”, manifestó Caro.
Explicó que actualmente ya se aplica esta modalidad con empresas como YPFB (Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos), que cuenta con un decreto específico para tal fin, y ENDE (Empresa Nacional de Electricidad). “Las subsidiarias también están funcionando en este momento con sus reglamentos específicos, por eso es que era necesario homogenizar esto, porque cada empresa está funcionando con una norma que le permite tener un reglamento especifico”, apuntó.
Fernando Cáceres, presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), lamentó que el gobierno no los haya convocado para participar del debate de la norma. Dijo que esperan ser invitados para la reglamentación de la ley.
“Lamentablemente no hemos podido reunirnos con el gobierno para analizar la ley, no conocemos el documento final ni la ley probada (…), sería bueno que nosotros pudiéramos participar en la reglamentación de la ley para coordinar algunos aspectos”, señaló el empresario.
Cáceres dijo que es importante establecer “mecanismos de complementación” entre el sector estatal y el privado para encontrar un beneficio mutuo y evitar la competencia desleal.
La complementación se podría dar, agregó, “dentro del eslabón de la cadena productiva”. “Hay productos que se ofrecen a la empresa y después servicios que se ofrecen para vender el producto, tanto para producirlo como para venderlo”, indicó.
La Ministra de Planificación dijo que si bien se da más libertad e independencia a las empresas estatales en la adquisición de bienes y servicios, los mecanismos de control ahora son más rigurosos.
“Siempre hay un riesgo (con esta determinación) pero esta ley es muy clara en sus mecanismos de fiscalización: aquí hay responsabilidad administrativa, hay responsabilidad civil y hay responsabilidad penal”, apuntó.
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