TRIBUNAL DEPARTAMENTAL DE JUSTICIA DE LA PAZ CELEBRA APROBACIÓN DE DECRETO DE INDULTO PARA REOS

LA PAZ, BOLIVIA (ANB / ABI).- El presidente del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, Iván Campero, celebró el martes la aprobación del Decreto Presidencial de Indulto en la Asamblea Legislativa  y consideró que esa medida aliviará la 'grave' problemática de hacinamiento que se presenta en los centros penitenciarios del país.

    'Como judicatura de La Paz celebramos la iniciativa del Ejecutivo que fue avalada por el Legislativo y creemos que ayudará a solucionar el hacinamiento', dijo.

    Para Campero el Decreto Presidencial, que fue presentado por el presidente Evo Morales a favor de los privados de libertad y aprobado por la Asamblea Legislativa, permitirá 'aliviar el hacinamiento en las cárceles'.

    Campero manifestó que tras la validación de dicho decreto por el Legislativo, ahora se deben conformar comisiones y viabilizar la aplicación de la norma, para que los privados de libertad accedan a los dos derechos: el indulto y la amnistía.

    Explicó que el Tribunal Departamental de Justicia de La Paz delegará una representación para la implementación efectiva del beneficio, al igual que lo harán otras reparticiones.

    Entre las instituciones que participarán en la implementación del Decreto Presidencial mencionó a la Defensoría del Pueblo, el Servicio Nacional de Defensa Pública, el Servicio de Registro Cívico, Comités Departamentales de Personas con Discapacidad, el Órgano Judicial, los centros penitenciarios y las universidades públicas y privadas.

    Indicó que en el tema del indulto se clarifica el hecho de que son personas que tienen una condena de ocho años y en el tema de la amnistía, personas sobre delitos cuya pena máxima cubrirá los cuatro años.

    Se excluye del beneficio, añadió, a procesados por delitos que prohíba indultar la Constitución o el Código Penal, a asesinos, violadores de menores, por traición a la patria, espionaje, parricidio, trata y tráfico de personas, terrorismo, robo agravado, contrabando y procesados por corrupción.