Faltó debido proceso en caso Pradel, dice Salvatierra
TRINIDAD, BOLIVIA (ANB / Erbol).- El técnico del Viceministerio de Justicia Indígena
Originaria Campesina, Luis Salvatierra, dijo que se reconoce el azote en la
justicia indígena de los pueblos andinos del país dentro de la lógica de que
tanto el rayo, como el chicote purifican al comunario que cometió un delito
para que éste acceda al perdón, pero aseguró desconocer la lógica que se tiene
sobre los latigazos en pueblos de tierras bajas.
“Se ve en nuestras comunidades que se castiga, pero no la lógica del
castigo, sino en la lógica de que se te está purificando, eso es lo que maneja
la Corte Constitucional Colombiana porque el chicotazo te purifica, te da la
posibilidad de que accedas al perdón dentro de tu comunidad de que te puedan
reflexionar (…) no quiero hablar de tierras bajas porque no conozco la lógica
de tierras bajas, en la lógica de los pueblos andinos el rayo te purifica, el
chicote también te purifica, te da la oportunidad de limpiarte”, declaró a la
Agencia de Noticias Indígenas de Erbol.
El presidente de la Subcentral Territorio Indígena y Parque Nacional
Isiboro Sécure (TIPNIS), Fernando Vargas, explicó que en tierras bajas se
aplica la justicia indígena, ya sea con el azote o el cepo, u otras formas que
acostumbran practicar, para corregir errores.
“La justicia indígena, de acuerdo con nuestras costumbres, es para corregir
los errores pero no se destruye esa unidad comunitaria y colectiva que tenemos
los pueblos indígenas porque con sancionarlo, con huasquearlo no se lleva a la
cárcel, sigue viviendo en la comunidad”, manifestó.
Dijo que el proceso de la justicia indígena es rápido y respetando la vida.
A criterio del dirigente, la justicia ordinaria vulnera los derechos humanos y
es ineficiente.
“La justicia ordinaria dice que no viola derechos humanos, yo creo que es
la que más viola todavía porque no solamente lo separa de la comunidad (a la
persona que cometió un delito), sino que lo separa de sus familia y lo meten en
un bote y lo depositan varios años y a veces sin que se le dicte una
sentencia”, manifestó.
Caso Pradel
Luis Salvatierra señaló que en el caso de Gumercindo Pradel, presidente del
Consejo Indígena del Sur (Conisur) de la zona colonizada del TIPNIS, no se
respetó el principio del debido proceso, es decir, el indígena cocalero no fue
sometido a un proceso de juzgamiento, donde pudiera defenderse, y dijo que en
imágenes de videos difundidos sobre este hecho, no se sabe de qué se acusó a
Pradel.
“Mi criterio es que se ha violado el principio del debido proceso en la
jurisdicción indígena originaria campesina, por lo menos en lo que pudimos
apreciar no se le ha sometido a un proceso de juzgamiento, sino directamente lo
han agarrado y directamente le han aplicado la sanción, sin darle la
posibilidad a la defensa y tampoco le dijeron de qué lo estaban acusando”,
indicó.
Aseveró que no se respetó en este hecho los derechos humanos y que debería
ser el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) el que revise este tema.
“Tiene que haber en toda jurisdicción el principio de los respetos de los
mínimos del debido proceso que significa el derecho a la defensa con una propia
autoridad originaria (…) pero todo eso lo tiene que establecer el Tribunal
Constitucional y revisar esto”, puntualizó.
Datos
Pradel y Carlos Fabricano, presidente del otro directorio de la Subcentral
Sécure, convocaron el 20 de junio en la población de San Pablo del Parque al
“primer” encuentro de corregidor de forma “inorgánica”, pero comunarios de la zona
ecológica, junto a una comisión que lideró Fernando Vargas y corregidores, lo
impidieron.
El dirigente del Conisur fue advertido de que sería sometido a la justicia
indígena al dividir a las comunidades del TIPNS por demandar la construcción de
la carretera en medio de la Tierra Comunitaria de Origen (TCO), que impulsa el
gobierno del presidente Evo Morales, sin ser parte del territorio indígena y
por llamar a un encuentro de corregidores.
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