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ORURO, BOLIVIA (ANB / Erbol).- La Cámara de Senadores sancionó hoy la Ley de
Modificaciones al Presupuesto General del Estado (PGE) de 2013. La Ley autoriza
al Órgano Ejecutivo que incorpore, en los presupuestos institucionales, los
recursos provenientes de donación externa e interna, de créditos externos e
internos, y saldos de gestiones anteriores por los mencionados conceptos.
Uno de sus artículos autoriza al Banco Central de Bolivia (BCB) otorgar
crédito extraordinario de 5 mil millones de bolivianos (Bs.5.332.050.000) para
que se invierta en la investigación, desarrollo y trasferencia de tecnologías
en laboratorios y centros de investigación, pilotaje, producción e
industrialización de litio y otros productos evaporíticos.
La presidenta del Senado, Gabriela Montaño, aclaró que ese artículo no
modifica el monto del dinero que estaba en la Ley del Presupuesto General del Estado
2012 que solo destinaba para la producción e industrialización, sino amplía el
uso de los recursos para la investigación.
“No solamente la inversión va a estar dirigida a la parte de la
industrialización en sí, sino también a la parte de investigación. El artículo
no modifica los montos del préstamo, no se ha modificado nada; lo que se está
modificando es para qué van ser destinados esos créditos”, explicó según una
nota de prensa de la Cámara Alta.
La modificación al PGE autoriza al BCB otorgar un crédito extraordinario de
más de 332 millones de bolivianos (Bs.332.747.250) en favor de la Empresa
Azucarera San Buenaventura (EASBA), para financiar inversión productiva, puesta
en marcha y operación de la empresa.
De la misma manera, autoriza al BCB ampliar el crédito extraordinario
adicional de 696 millones de bolivianos, para financiar la construcción del
Sistema de Transporte Férreo en el tramo Montero – Bulo Bulo.
La norma también reglamenta el financiamiento de obras como la sede del
Parlamento Sudamericano de la UNASUR o la implementación del proyecto en salud
denominada “Telesalud para Bolivia” a nivel nacional.
Asimismo, amplia el uso de los recursos del Impuesto Directo a los
Hidrocarburos (IDH) por parte de las Entidades Territoriales Autónomas para
construcción de infraestructura deportiva.
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