LA PAZ, BOLIVIA (ANB / Erbol).- En Bolivia, según datos de la Dirección Nacional de Régimen Penitenciario, existen 14.273 privados de libertad distribuidos en 53 cárceles en los nueve departamentos del país que sufren de hacinamiento y la mayoría de ellos no gozan de programas de rehabilitación ni reinserción social.
Esta afirmación corresponde a María del Carmen Michel, representante de la Pastoral Penitenciaria Católica, quien dijo que si bien Bolivia cuenta con una política carcelaria enmarcada en la Ley 2298, ésta no se cumple, particularmente en lo referido a la clasificación de internos, la permanencia de niños en los penales, la rehabilitación y reinserción social de la población privada de libertad.
“La Ley 2298 establece una política carcelaria clara, pero no se pudo dar cumplimiento; por ejemplo, no se da la rehabilitación y reinserción social, tal como dice la norma”, remarcó Michel a Erbol, quien responsabilizó del incumplimiento a las autoridades departamentales y nacionales de Régimen Penitenciario; así como a los jueces de ejecución penal.
Hacinamiento
Atribuyó el hacinamiento que existe en las cárceles al sistema judicial, porque a criterio de la entrevistada, esta situación impide aplicar proyectos de rehabilitación, que a futuro posibilitaría la reinserción social de los privados de libertad cuando salen de la cárcel tras cumplir su condena.
“La justicia no castiga tanto el delito sino la pobreza de la personas, no se cumple los plazos procesales y hay mucha retardación de justicia (…) No hay espacios en las cárceles para habilitar talleres, ni programas de educación, las cárceles son un lugar donde se dejan a las personas”, aseveró.
Gobierno no cumple sus políticas El gobernador de la cárcel de San Pedro de La Paz, coronel Carlos Coritza, en entrevista con Erbol, afirmó que el gobierno nacional no cumple con sus propias políticas aprobadas para mejorar el sistema carcelario en el país y que todo hasta ahora ha sido anuncios.
Admitió que en el recinto penitenciario que administra no existe rehabilitación como manda la ley y que todo lo que hasta ahora existe es por iniciativa de los propios privados de libertad, que invierten sus recursos para implementar terapias ocupacionales.
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