PROCURADURÍA EVITA QUE EL ESTADO PIERDA 130 MILLONES DE BOLIVIANOS

LA PAZ, BOLIVIA (ANB / ABI).- La Procuraduría General del Estado (PGE) evitó que el Estado pierda al menos 130 millones de bolivianos al lograr que el Tribunal Constitucional Plurinacional emita una sentencia que declara fundado un recurso directo de nulidad a una sentencia anterior que imponía a la Empresa Nacional de Ferrocarriles (ENFE) pagar ese monto a la constructora CONSALBO S.A, informaron el jueves fuentes institucionales.

    'La PGE, representada por Hugo Raúl Montero, evitó que el Estado erogue cerca de 130 millones de bolivianos, al haber obtenido que el Tribunal Constitucional Plurinacional, mediante Sentencia N° 2471 de 22 de noviembre de 2012, declare fundado el Recurso Directo de Nulidad interpuesto por la PGE, y en consecuencia NULO el Laudo Arbitral N° 76, que imponía a la Empresa Nacional de Ferrocarriles (ENFE) realizar el referido pago en favor de la constructora CONSALBO S.A', señala un boletín institucional.

    La Procuraduría recordó que ese caso se inició en marzo de 2004, cuando ENFE y CONSALBO S.A. suscribieron un contrato de usufructo, por el cual la Terminal Bimodal Cástulo Chávez Egüez de la ciudad de Santa Cruz fue cedida por ENFE a favor de CONSALBO S.A por un plazo de 30 años y posteriormente ambas empresas firmaron otro contrato de compraventa de esa Terminal.

    Ante la imposibilidad de efectivizar los contratos, CONSALBO S.A. interpuso una demanda arbitral contra ENFE, logrando que los procesos ordinarios, previamente 'aperturados' por ENFE en la jurisdicción ordinaria de Santa Cruz, sean remitidos a conocimiento del Tribunal Arbitral del Centro de Conciliación y Arbitraje de la CAINCO.

    Ese Tribunal Arbitral, usurpando funciones de la jurisdicción ordinaria, ingresó a laudar sobre la resolución y nulidad de los contratos referidos, emitiendo el Laudo Arbitral en enero de 2008, que declara resuelto el contrato de usufructo, nulo el contrato de compraventa e impone un pago millonario a ENFE de aproximadamente 130 millones de bolivianos.

    En junio de 2012, el Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda formuló una consulta a la PGE acerca de la emisión de un Decreto Supremo que permita efectivizar el referido pago. Sin embargo, el análisis de la PGE estableció que el Laudo Arbitral fue emitido sin competencia, lo que originó que el Procurador General del Estado interponga personalmente un Recurso Directo de Nulidad en agosto de ese mismo año, que fue resuelto mediante la referida Sentencia Constitucional.

    'Las acciones de la Procuraduría General del Estado demuestran el efectivo trabajo en la defensa y precautela de los intereses nacionales dentro de una nueva visión de país, en contra del abuso del que era objeto el Estado boliviano', remarca el boletín institucional.