VERIFICARÁN USO DE LEYES CONTRA LAVADO DE DINERO

La misión del GAFI llegará en abril a Bolivia

Imagen de archivo.

LA PAZ, BOLIVIA (ANB / Erbol).- La Comisión Revisora del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) visitará Bolivia en abril de 2013, para verificar la aplicación de la legislación contra el lavado de dinero. El informe de evaluación será presentado en la reunión plenaria de aquella organización, en junio de este año, señala la nota de prensa del Ministerio de Economía y FInanzas.

Este logro se consiguió, en primera instancia, con el informe que el ministro de Economía entregó, el lunes 18 de febrero de 2013, a la Comisión Revisora del GAFI, en París, sobre las disposiciones legales aprobadas por el Gobierno boliviano para luchar contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.

Después, el viernes 22 de febrero, el plenario del GAFI ratificó la propuesta emanada de su Comisión de Revisión para que sus miembros visitaran en abril de este año Bolivia a fin de verificar la aplicación de las disposiciones legales adoptadas por el Gobierno en las materias observadas por el GAFI.

El viceministro de Pensiones y Servicios Financieros, Mario Guillén, quien acompañó a Arce Catacora, en la misión oficial ante el GAFI, informó este viernes que “la buena noticia es que hoy el plenario del GAFI ha ratificado la decisión que ha hecho la Comisión Revisora, el lunes, y estaríamos trabajando en las normas complementarias que son de tipo administrativo”.

Tras esta visita in situ, denominada de manera técnica en inglés onsitevisit, la Comisión Revisora remitiría un informe sobre los avances en la aplicación de la legislación aprobada por el Estado boliviano para erradicar el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.

La Comisión Revisora presentaría su informe al plenario del GAFI de junio de 2013, donde esta organización determinaría si Bolivia sale de la lista “gris-oscura” de países observados esta organización.

La autoridad dejó en claro que Bolivia no se encuentra en la “lista negra” del GAFI, sino en la “gris-oscura” desde el año 2008, porque consideró insuficientes las disposiciones legales aprobadas contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.

Las normas

El Viceministro recordó que en agosto de 2008 se emite el Decreto Supremo 29681, que establece un esquema de control sobre la internación y salida de divisas del territorio nacional y se le otorga la responsabilidad de Sujeto Obligado a la Aduana Nacional respecto del Lavado de Dinero.

En mayo de 2009 se emite el Decreto Supremo 138, que establece la aplicación de medidas cautelares sobre el patrimonio y los medios e instrumentos que hubieran sido utilizados o estuviesen comprometidos en la comisión del delito de Terrorismo, Sedición o Alzamientos Armados contra la Seguridad y la Soberanía del Estado. Dichas medidas cautelares son: retención de fondos, incautación y confiscación.

En julio de 2009, mediante la Ley 4072, el Estado ratifica el “Memorándum de Entendimiento” de constitución del GAFISUD.

En marzo de 2010, se promulga la Ley 004, “Marcelo Quiroga Santa Cruz”, que se mejora la tipificación del delito de Legitimación de Ganancias Ilícitas. En mayo de 2010, se pone en vigencia la Ley 007, de Modificaciones al Sistema Normativo Penal, mediante la cual, entre otros, se modifica el artículo 252 del Código de Procedimiento Penal, otorgando facultades al fiscal para que de manera directa disponga la aplicación de medidas cautelares de carácter real.

En noviembre de 2010, se promulga la Ley 060 que regula el funcionamiento y control de las Casas de Juegos y juegos de azar, que también se incluye en el marco de la lucha contra las ganancias ilícitas.

En septiembre de 2011, con la Ley 170 se incorpora al Código Penal las figuras penales de financiamiento del terrorismo y separatismo; la modificación de las tipificaciones de los delitos de terrorismo y Legitimación de Ganancias Ilícitas; y asigna nuevas atribuciones a la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF).

La última medida emitida es de julio de 2012, referida al régimen de congelamiento de fondos a aquellas personas que están involucradas en actividades ilícitas como el lavado de dinero.

Guillén explicó que el Gobierno boliviano informó cada año de estos avances al GAFI, organización que, sin embargo, mantuvo al país en la lista “gris-oscura”, porque un Estado o empeora su situación, con su ingreso a la “lista negra”, o sale de la nómina de observados de manera definitiva.