DDHH Y 2 ACTIVISTAS DENUNCIAN PROTECCIÓN POLÍTICA EN CASOS DE VIOLENCIA SEXUAL

LA PAZ, BOLIVIA (ANB / Erbol).- La presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB), Yolanda Herrera, lamentó las declaraciones de algunas autoridades, como en el caso del escándalo sexual en Asamblea Chuquisaca, pidieran la denuncia de la víctima para investigar el caso.

“Existe la falta de sensibilidad. Las declaraciones (de algunas autoridades) responden a una protección política de uno u otro partido y no (ver) la problemática. Los hechos de violencia contra la mujer, con las características que se ha dado en la Asamblea de Chuquisaca, son delitos de orden público por tanto se deben actuar de oficio y no necesariamente se tiene que exigir la denuncia de la víctima”, aseguró.

La activista de Mujeres Creando, María Galindo, manifestó que hay un “aparato estatal, machista y acosador” que se auto encubre porque existen denuncias de acoso sexual y chantaje de “querer cobrar con sexo” la oferta de un puesto de trabajo en la administración pública.

“Hay una estructura de protección política, complicidad y además de identificación. Yo creo que muchos, más de lo que quisiéramos, integrantes del MAS y del Gobierno cuando han visto imágenes (en Asamblea de Chuquisaca) lo que han sentido es una identificación (…) porque nosotras sabemos (que en los festejos) son los escenarios que utilizan para acosar a sus víctimas”, afirmó.

La directora de la Oficina de la Mujer en Cochabamba, Julieta Montaño, indicó que algunos hombres vinculados con hechos de violencia sexual se consideran poderosos por su vínculo con el poder político y tienen la sensación de impunidad.

“Se sienten poderosos porque están vinculados al poder político (y) tienen la sensación y garantía de impunidad porque (…) se debe única y exclusivamente que están vinculados a un partido o es colega de trabajo que (el mismo) está generando en el país una situación vergonzosa para el propio partido del Gobierno, pero que pone en riesgo a las familias, hijas y la comunidad entera”, enfatizó.

La delegada adjunta de Programas y Actuaciones Especiales de la Defensoría del Pueblo, Griselda Sillerico, declaró que la entidad repudia los hechos de violencia sexual porque es una violación a los derechos humanos de las mujeres.

“No debe quedarse en impunidad (los hechos de violencia sexual). Estamos muy preocupados porque hechos como estos (que) han sucedido y se han quedado en la impunidad. Entonces, en esa línea vamos a ser muy vigilantes, en el marco que nos compete constitucionalmente, sobre los derechos humanos”, subrayó.

El exviceministro de Régimen Interior y exprefecto de Cochabamba, en el Gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS), Rafael Puente, señaló que los hechos de violación filmados en la Asamblea de Chuquisaca vienen a exacerbar un auténtico espectáculo de abuso sexual por parte de autoridades, lamentablemente indígenas, y otro espectáculo de lenidad por parte de autoridades en general, que nos llaman a la reflexión que oscila entre la angustia y la bronca.

Hay una sinfonía de aberraciones. Pero la cosa no se acaba ahí, porque cuando la diputada Betty Tejada reclama una ley para la castración química de violadores -por fin una voz oficial indignada y coherente-, la ministra de Comunicación, (Amanda Dávila), se apresura a aclarar que ésa no es la posición del Gobierno (lo hace con la misma alegría con que afirmaba que el caso de la banda de extorsionadores ya estaba aclarado, y que están presos todos los que son -como si fuera el Ejecutivo el que tiene que definir ese tema-, ¿a eso le llama informar, compañera ministra?, se pregunta Puente.

La exautoridad advierte que al final parece que no pasará nada, como no pasó nada con aquel asambleísta plurinacional de apellido (Justino) Leaño que había abusado de su hija; ni con aquel concejal (José) Chura Tola, que había desfigurado a golpes a su concubina; ni con el dirigente Flores, de Ayopaya, que está detenido por violador y dice que lo acusaron por pura envidia, y con los muchos casos de los que ni nos hemos enterado. ¿O será que pasa algo? Ésta es la pregunta al Órgano Judicial y al Gobierno en su conjunto.

La presidenta de la APDHB argumentó que las referencias de hechos de violencia sexual tienen un impacto negativo en la población cuando algunos líderes o políticos cometen delitos; por ello, es importante la investigación y la sanción “enérgica y drástica” a los autores de violencia sexual.