REVELAN QUE RED DE EXTORSIÓN INFILTRABA, PINCHABA Y ESPIABA A JUECES Y FISCALES

También investigaban antecedentes de periodistas

LA PAZ, BOLIVIA (ANB / Erbol).- “La misión (de la Red de Extorsionadores) era crear miedo”, reveló una fuente vinculada al Movimiento Al Socialismo (MAS), después de pedir al menos unas 10 veces no publicar su nombre. “Imagínate si dices quien soy, estoy perdido, no olvides que del caso Olorio mataron a todos los testigos”, subrayó para acogerse al secreto de fuente e, inmediatamente, indicó que estas personas “ponían buzos en los estrados judiciales, pinchaban teléfonos e investigaban antecedentes de las personas a quienes querían descalificar o extorsionar”.

Ante estas revelaciones, Erbol Digital visitó durante tres días los estrados judiciales, donde conversó con testigos y funcionarios de esas dependencias. “Esos abogados (Villegas, Rivera y Rodas) venían y se sentaban aquí mirando a los jueces que trataban los casos que les interesaba a ellos, no se movían, era como una presión psicológica”, comentó una funcionaria.

“Paseaban como Pedro por su casa, hacían tener miedo a jueces y fiscales porque decían que eran muy poderosos y actuaban en nombre del gobierno”, señaló otro empleado del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz y luego agregó que “un día, recuerdo, que en un caso que llevaban adelante aparecieron varias personas extrañas, eran buzos, cada vez hacían eso, nosotros nos dábamos cuenta porque nos conocemos, por tanto, era fácil reconocer a esta gente que venía a espiar”.

“Yo veía personas extrañas en los pasillos y no sabía que hacían, pensé que eran litigantes, pero una vez (uno de los abogados) me encararon asegurando con quiénes me había reunido ese día, quiénes habían venido a visitarme y luego me preguntaron por qué habían venido esas personas”, comentó un juez que también pidió guardar su nombre.

Paralelamente, una abogada comentó que dos jueces conversaron entre ellos sobre sus teléfonos celulares intervenidos. “Seguro que nuestros teléfonos estaban pinchados porque pasaban cosas raras”, complementó otro funcionario judicial.

Antecedentes y periodistas

“¿Recuerdas cuando convocaron a una declaración al periodista José Pomacusi de Santa Cruz en el caso Terrorismo? ¿Quién crees que decidió esa convocatoria? ¿Por qué?”, preguntó la fuente del Movimiento Al Socialismo (MAS) y añadió: “ahí está la forma de meter miedo en la gente, particularmente periodistas”.

“Creo que abusaron de la buena fe de nuestro compañero Presidente, él no sabe nada, pero estas personas investigaban antecedentes de personas que ellos creían peligrosas para el proceso de cambio, lo hacía para "llunkearse" con las autoridades y demostrar que son soldados del proceso de cambio”, dijo.

“Entre los investigados estaban y están políticos, empresarios y periodistas, a quienes luego tenían intención de extorsionarlos o tenderles una trampa o sembrar pruebas para sacar más dinero; era grave, hermano, los vigilaban hasta por Facebook, donde crearon cuentas falsas o clonaron otras para perjudicar a las personas críticas con el gobierno, les ponían “ganchos” (mujeres buzos) para tenderles trampas a través de conversaciones bien planificadas”, comentó y manifestó que por todas estas cosas “debieran acusarlos por asociación delictuosa, cohecho pasivo propio y uso indebido de influencias”.

Para graficar esta última situación, evocó el caso de los abogados del caso Caranavi, de quienes publicaron fotos íntimas para descalificarlos y hundirlos. “Eran capaces de todo”, añadió.

Ante tantas revelaciones, Erbol Digital acudió a una fuente oficial, quién se limitó a decir “que todo esto está siendo investigado; creo que lo hacían para granjearse la estima de algunas autoridades y mantenerse en sus cargos; lo hacían de oficio y para ganarse alabanzas”.

Lo que quedó claro de estas indagaciones de Erbol Digital es que ni el ministro de Gobierno, Carlos Romero, ni el presidente Evo Morales sabían de este caso. “Ojalá que no presionen a Romero -quien está haciendo un gran trabajo- para que corte las conexiones porque en esto hay algo grave: es una organización criminal que se infiltró en Palacio a través del Ministerio de la Presidencia y en el aparato de seguridad del Estado, el Ministerio de Gobierno”, señaló otra fuente.

“Ellos hacían el trabajo sucio, ¿quién les ordenaba o protegía? No sé, tenemos sospechas, tenemos que llegar hasta el final”, comentó la misma fuente del MAS que pidió por última vez guardar su nombre en reserva al igual que las otras personas contactadas por Erbol Digital.

Declaraciones del ministro Romero

En días pasados el ministro de Gobierno, Carlos Romero, afirmó que se abrirá otro capítulo mucho más tenebroso en el caso Ostreicher. “Un capítulo de la red se desarrolló la anterior semana y el otro se inicia ahora, este capítulo posiblemente será más tenebroso y generará más terremoto que la anterior semana”, advirtió.

Romero aseguró que el gobierno está embarcado en una gran lucha contra la corrupción y consideró que las declaraciones de los acusados serán esclarecedoras para establecer los vínculos de la red y sus conexiones con miembros del Ministerio Público y del Órgano Judicial.

La autoridad advirtió también que la intención de favorecer a los principales responsables de la red de corrupción y extorsión revela que los miembros de esa organización mantienen intacta su capacidad de influencia y sometimiento de la justicia.

Estas declaraciones de Romero se dieron en alusión a las decisiones del juez Juan José Zubieta que libró de culpa y cargo al fiscal de Sustancias Controladas de Beni, Roberto Achá, en la segunda audiencia verificada, 3 días después que Rivera Tardío, a nombre de su acólito Denis Rodas Limachi, convenciera a la autoridad judicial, a sola petición verbal, que los alojara en las celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) y no los mandara al penal de Palmasola, lo que después fue revertido.

“Se toma la decisión de dejar en libertad al fiscal Achá sobre el cual pesan acusaciones de formar parte de esta red de corrupción y extorsión, de tal manera que se aprovechan, de repente las sombras de la noche. Luego las decisiones del juez y el requerimiento fiscal son absolutamente laxos, primero con los ex funcionarios del Ministerio de Gobierno (por Rivera Tardío y Rodas Limachi) que, un poco más, y los detienen y pasan a detenerlos en el Hotel Los Tajibos y con este fiscal que un poco más admite que su defensa puede hacerse desde (el balneario dominicano de) Punta Cana, para ir un extremo en sentido figurado, pero no nos gusta estas decisiones de la autoridad judicial, nos llaman a la reflexión y creo que tenemos que ser mucho más vigilantes”, sostuvo el Ministro.

Romero se refirió también a la imputación del Ministerio Público, dijo que desde un inicio su despacho denunció a los involucrados en la red de extorsión como una organización criminal; sin embargo, la comisión de fiscales, asigna al caso, los acusa de extorsión y asociación delictuosa, figuras penales sancionadas con 2 a 6 años y 1 a 3 años de presidio, respectivamente.

Según algunos abogados que se contactaron con Erbol, las personas detenidas en la cárcel de Palmasola debieron ser imputadas por los delitos de cohecho pasivo propio y uso indebido de influencias (artículos 145 y 146 del Código Penal); además, aclararon que la legislación boliviana permite el concurso de delitos.

Hasta el momento son seis las personas detenidas por el caso de la red de corrupción y extorsión: José Manuel Antezana Pinaya, Gustavo Dagner Céspedes, Fernando Rivera Tardío, Denis Rodas Limachi, Ramiro Ordoñez e Isabelino Gómez Cervero, este último exfiscal de distrito de Santa Cruz.

Infiltrados en el Gobierno

Ayer, el presidente Evo Morales dijo tener información confirmada que había gente infiltrada en el gobierno que pretendía hacer quedar mal su gestión. Hoy, según una publicación del periódico La Razón, Boris Villegas, exfuncionario del Ministerio de Transparencia sería una de esas personas infiltradas.

“Tengo información confirmada. Alguna gente externa —tomen en cuenta ministros, ministras—, de afuera, con otro mandato se infiltran para hacer quedar mal al Gobierno y para desprestigiar al Presidente; es otra forma de hacer una campaña sucia contra el  Presidente, contra el Gobierno y este proceso”, indicó Morales durante el acto en el que posesionó al coronel Alberto Aracena como comandante de la Policía.

La figura delictiva en la que incurrieron los presuntos infiltrados de los que habla el presidente Morales, de acuerdo al artículo 111 del Código Penal, es el espionaje, mismo que está sancionado con 30 años de reclusión sin derecho a indulto.

“El que procurare documentos, objetos o informaciones secretos de orden político o militar relativos a la seguridad. a los medios de defensa o a las relaciones exteriores, con fines de espionaje en favor de otros países en tiempo de paz, que pongan en peligro la seguridad del Estado, incurrirá en la pena de treinta años de presidio sin derecho a indulto”, indica el mencionado artículo.

La Paz, 7 diciembre 2012