“(Al gobierno) Para
nada le interesa la consulta, sólo quiere que la carretera pase por nuestro
territorio sin importarle las consecuencias, sin importarle el medio ambiente,
los animales, ni siquiera nosotros le interesamos. Su consulta es una mentira,
es un engaño, por eso también divide a los hermanos”, aseveró el corregidor de
la comunidad Gundonovia, Simón Noza, a la Agencia de Noticias Indígenas de
Erbol.
Para la principal
autoridad de Concepción de Ichoa, Carlos Cayuba, el gobierno los ilusionó con
el compromiso de la ejecución de viviendas en su población que se encuentra a
orillas del río Ichoa, en el centro mismo del TIPNIS, para el apoyo al proceso,
de tal forma para el indígena la consulta del gobierno nació deforme y
amañada.
“(El gobierno) Siempre
ha buscado convencernos a las malas, a la fuerza y diciendo que iban a
construir casas en nuestra comunidad, todo para que apoyemos la consulta”,
manifestó.
El ministro de la
Presidencia, Juan Ramón Quintana, señaló en reiteradas ocasiones que la ayuda
que llevaban para los indígenas del Isiboro Sécure, después que se promulgó la
Ley 222 que logró en febrero la marcha del Consejo Indígena del Sur (Conisur),
era responsabilidad del gobierno del presidente Evo Morales y no se trataba de
“prebendas” para la consulta, como denunciaron indígenas.
El director de Consulta
Previa del Ministerio del Interior del gobierno de Colombia, Rafael Torrez, en
su vista en julio a Bolivia, señaló que en ese país se aplica la consulta a los
indígenas sin la entrega de “regalos”; ni antes, ni después del proceso porque
es una forma de intervenir en el consentimiento.
“Cuando es un tema de
consulta no se permiten que hayan donaciones directas a las comunidades para
efectos antes de las consultas o para la consulta porque eso interfiere en el
consentimiento, interfiere en la libre disertación del tema”, declaró Torrez a
la Agencia de Noticias Indígenas de Erbol.
Marcha por la consulta
“Están establecidas en
normas internacionales y la Constitución la consulta a los pueblos indígenas y
eso no lo hicieron para la carretera, por eso se convocó a la VIII marcha
porque las bases lo pidieron, los hermanos del TIPNIS iban a ser los más
afectados con la carretera y sus tierras iban a ser avasalladas por los
colonos, sobre eso no se les consultaron”, declaró Chávez.
El vicepresidente,
Álvaro García Linera, respondió a la demanda de los indígenas que la consulta
sólo se aplica para proyectos hidrocarburíferos en su territorio y no así para
la construcción de carreteras. Pero tras la marcha del Conisur, que demandó
inicialmente la anulación de la Ley 180 de protección del Parque que logró la
VIII marcha, García cambió de opinión e indicó que debían aplicar la consulta
para el tramo dos a los tres pueblos del TIPNIS.
El presidente de la
Subcentral TIPNIS, Fernando Vargas, recordó que en la movilización de 2011
buscaron el diálogo con el gobierno para definir la consulta, hasta que en
septiembre de ese año fueron reprimidos por la Policía en Chaparina; que no los
detuvo y llegaron a la sede de gobierno pero esta vez pidiendo al Primer
Mandatario que la vía no pase por la TCO.
Gobierno decidirá sobre
la carretera
El artículo 10 de la
Ley 222 establece “Los acuerdos logrados en el proceso de Consulta son de
cumplimiento obligatorio para el Estado Plurinacional y los pueblos indígena
originario campesino Mojeño-Trinitario, Chimane y Yuracaré”.
El gobierno dijo que
para la consulta se logró una mayoría del 80 por ciento de los pueblos del
Parque. Mientras que el inciso romano IV del protocolo indica que las
comunidades que no participan en el proceso deben sujetarse a la decisión de
las poblaciones que son parte del mismo.
“Es obligación de las
entidades estatales responsables de la realización del proceso de consulta,
promover a través de todos los mecanismos que considere necesario la
participación de las comunidades de los pueblos indígenas interesados, a través
de las instancias de información y notificación previstas en el presente
Protocolo, debiendo las comunidades que se abstengan de participar en el
proceso respetar la participación de las comunidades que hayan decidido llevar
adelante el proceso de consulta”, indica el documento.
Frente a este panorama
Fernando Vargas señaló que la consulta es una trampa, porque no fueron parte de
la elaboración del protocolo, que sólo fue trabajado con el Conisur y el
directorio paralelo de la Subcentral Sécure, por lo que protagonizan una
resistencia en puntos estratégicos del Parque para evitar que las brigadas
consultivas pasen a la zona ecológica, pues las comunidades de la Subcentral
TIPNIS no concertaron con el gobierno la ejecución del proceso como manda la
sentencia constitucional del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).
La Paz, 2 agosto 2012 –
A.A./
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