EL MERCADO NEGRO DE SUBSIDIOS MUEVE BS 6,6 MILLONES AÑO

LA PAZ, BOLIVIA (ANBOLIVIA / La Razon).- Prohibida su venta. La leyenda está sellada en los más de 30 productos nutritivos de los subsidios prenatal y de lactancia, pero es una advertencia que no mella un negocio ilícito que mueve 6,6 millones de bolivianos anuales gracias al financiamiento de empleadores públicos y privados para la dotación de estos beneficios.

El mercado negro de estos alimentos campea en las ciudades de La Paz y El Alto y le gana la pulseta a las autoridades encargadas de la fiscalización. Informe La Razón penetró este mundo, en el que el primer eslabón se arma en las distribuidoras de la empresa PIL Andina, donde la jornada laboral comienza a las ocho de la mañana, de lunes a sábado; no sólo para los ejecutivos y empleados, sino para un grupo de personas que se presenta con un simple: ¿Quiere vender su subsidio?

La calle paceña Coroico, cerca del mercado Yungas de la zona Central, pierde su sosiego a esa hora, cuando los camiones de la compañía descargan en el almacén decenas de latas, cajas y botellas de leche y yogur; envases de aceite, bolsas de arroz, avena, soya... Una fila de mujeres embarazadas acompañadas por sus esposos o familiares, y de otras junto a sus bebés, espera su turno. Afuera, en la puerta principal, taxis y camionetas se hallan parqueados.

Pero también hay otros transeúntes, la mayoría mujeres que están ataviadas con sombreros, mantas, chalinas, mandiles, y portan una gran bolsa; incluso varias intentan ocultar su rostro. Igualmente hay varones adultos y niños. Son los integrantes de los clanes que están a la caza de los productos de los subsidios prenatal y de lactancia, para luego contrabandearlos, introducirlos en el mercado informal, a pesar de que ello está prohibido por la ley.

CONTRABANDO. Estos beneficios nacieron en junio de 1987, con el Decreto Supremo 21637, que exige a los empleadores estatales y privados que garanticen la alimentación y la nutrición de las empleadas en estado de gestación, o las esposas de los funcionarios que están en similar situación.  El subsidio prenatal se dota a las mujeres desde los cinco meses de embarazo hasta el último día del mes en que nace el niño; y el de lactancia, hasta el primer año de vida del bebé.  

El empleador paga cada mes el valor de los también llamados “paquetes de asignaciones familiares”. Ello es controlado por el Instituto Nacional de Seguros de Salud (Inases), del Ministerio de Salud, que canaliza el pago a cerca de 45 firmas proveedoras de los alimentos, entre las que se hallan PIL y la estatal Lacteosbol. Desde hace 25 años, el costo de los subsidios se calcula sobre la base de un salario mínimo nacional: el primero fue de 330 bolivianos y hasta mayo de este año, de 815,40 bolivianos.

O sea, la suma de precios de las leches, yogur, avena, aceite, quesos, jugos, sal yodada, galletas, carne de soya, amaranto, quinua, fideo, arroz, cebada, miel, almendra, api, cereales, frejol, bebidas lácteas saborizadas, mantequilla... que conforman estos paquetes debe ser equivalente a un salario mínimo. Son productos imprescindibles para evitar la desnutrición de las mamás o futuras madres y de los recién nacidos, y que son apetecidos por los contrabandistas del rubro. 

Regina, a secas, es uno de ellos. La mujer de pollera lleva un sombrero tipo jean, manta oscura, mandil claro y un bolsón celeste. Es una experta en el ramo. Desde muy temprano, y armada de su oratoria, ella está a la pesca de potenciales clientes: beneficiarios de los subsidios a los cuales aborda con una pregunta: “¿Vas a querer vender?” Las tratativas son emprendidas antes y después de que ellos recogen sus alimentos. Y no sólo es Regina, hay varias como ella con la misma intención. 

El asesor jurídico de la Unidad de Control de la Intendencia Municipal de La Paz, Boris Antezana, señala que, generalmente, las personas de bajos recursos económicos son las que caen en las redes de estas comerciantes; aunque igualmente están aquéllas que ofertan los alimentos porque el subsidio de un mes les alcanza para tres meses o porque los lácteos tienen corta duración de vida. Más aún, esta repartición calcula que 90% de las adjudicatarias paceñas termina subastando el paquete de su subsidio en la mitad del costo. 

En el argot del ramo, las que rondan por los almacenes de PIL Andina son conocidas como “intermediarias”, que revenden el botín a “mayoristas” que poseen puestos en mercados populares. Según la Intendencia y el trabajo de campo de Informe La Razón, las primeras pagan entre 400 y 470 bolivianos por un paquete completo, que lo entregan a las últimas en 600 y 700 bolivianos, para que éstas ganen otros 200 bolivianos promedio con la venta “al raleo” de los productos, es decir, por unidad.

Otras son las “minoristas” que sólo compran los alimentos del subsidio con mayor demanda: tarros de leches o quesos, y los venden por las noches en calles como la Mercado, la Ballivián y la Comercio o la plaza Eguino. “Compran la lata de leche hasta en 30 bolivianos, dependiendo de la necesidad del vendedor, y la revenden al precio de los mercados, es decir, en 80 o hasta en 120 bolivianos, con inclusive 300% de ganancia”, denuncia Antezana.

El funcionario explica que los dividendos son incluso mayores porque hay familias dedicadas exclusivamente a la compra de subsidios: de lunes a viernes, de 08.00 a 16.00, y los sábados, de 08.00 a 14.00. La mayor afluencia de beneficiarias en instalaciones de PIL Andina se presenta desde mediados y hasta fin de mes, cuando un intermediario puede acceder hasta a cinco paquetes al día, que se transformarán en hasta 1.000 bolivianos de rendimiento cuando los entregue a los mayoristas.

Sindicatos. Una fuente de PIL Andina (de la cual nos reservamos su identidad por razones obvias) revela que hay tres mujeres que comandan grupos de compradores en la calle Coroico, integrados por familiares o terceros; ellas alegan de que cada cofradía es una especie de “sindicato”. De acuerdo con vecinos de la zona que pidieron el anonimato, son las denominadas “capitalistas”, que disponen del dinero para la labor de sus “empleados”.

Las pesquisas realizadas durante tres días por Informe La Razón develaron que estas personas —catalogadas como “delincuentes” por la Intendencia— se organizan por turnos para aproximarse a sus clientes potenciales. Si una cierra el trato, inmediatamente da paso a la otra para que pruebe suerte. Todos los que entran o salen por la puerta principal del almacén, son interceptados. “Hasta a nosotros nos confunden y nos ofrecen comprar el subsidio”, manifiesta un empleado de PIL.

Esto no sólo pasa en La Paz, sino en la avenida Juan Pablo II Km 15 de la zona de Río Seco, en El Alto, donde se halla la otra distribuidora de PIL Andina.

Allí, las intermediarias esperan pacientemente a que vayan llegando las adjudicatarias de los subsidios, lo hacen sentadas en bancos de madera y desplegables. Una es Eulogia, quien, afanosamente, verifica los productos de tres paquetes que acaba de conseguir. Lo llamativo es que ella también “trabaja” en la ciudad de La Paz.    

“Mi depósito está en la calle Coroico, cualquier cosa te doy mi teléfono para que vayas a recoger lo que necesites de ahí”, comenta, creyendo que la periodista quiere entablar negocios. Eulogia deja de lado su trajín y se rinde a la conversación: afirma que está a la espera de una camioneta que la llevará a su vivienda/almacén en la hoyada, y que el gasto de transporte reduce sus ingresos económicos. “Me llama nomás para cualquier cosita”, replica.

Las palabras de Eulogia no son aisladas. Por los alrededores de la calle Coroico y del mercado Yungas, las contrabandistas de los subsidios prenatal y de lactancia alquilan cuartos donde acopian sus botines. Ello explica que éstas desaparezcan apenas cierran las transacciones y vuelvan al poco tiempo con las manos vacías, para volver a la carga. Informe La Razón identificó al menos cinco depósitos, que igualmente sirven como centros de expendio de los productos.

Y las intermediarias optan por otra estrategia: que los interesados en comerciar su bolsa de alimentos subsidiados vayan a sus almacenes. “Dónde guardas, pues, el paquete”, pregunta a Regina el reportero que se hace pasar por vendedor. “Aquí nomás, arribita, hay dos imprentas, en esa calle (la Coroico) hay dos puertas y hay una que está abierta y es chiquita, ésa es la de mi depósito”, lo orienta la mujer, mientras camina hacia la única gasolinera de la zona, por la calle Obispo Indaburo.

Los otros cuatro centros de acopio están a lo largo de dos cuadras de la calle Uchumayu (entre la Coroico y Yungas). El de Regina, también le sirve como hogar, al igual que a dos miembros de su clan. Desde allí se remiten los paquetes de subsidios a las mayoristas de mercados informales paceños como La Tablada, o de la calle Garcilazo de la Vega o el pasaje Ortega, de acuerdo con los datos de la Intendencia Municipal; y la Ceja y la feria de la 16 de Julio en El Alto.

“Lo que quieras te lo consigo, sólo me llamas y yo pido que me traigan de los depósitos”. Es el ofrecimiento de Geovanna, vendedora de la Garcilazo de la Vega, ante el requerimiento de varios paquetes de subsidios. “Hay una señora que mensualmente me compra diez paquetes porque tiene una casa hogar, y si usted me avisa con un día de anticipación, yo le tengo su pedido”, añade, en medio de su puesto de alimentos donde sobresale un tarro de leche con el sello: Prohibida su venta.

Hay sitios de abasto que se cuidan de exponer estos productos —que son reconocidos como de primer nivel por su alto valor nutritivo— para evitar su decomiso por parte de los guardias municipales, más conocidos como “frutillitas”. No obstante, basta preguntar por ellos para que las comerciantes los saquen de su escondite, sea en su quiosco o su almacén cercano. Cuando el pedido es al por mayor, de paquetes enteros, la solicitud es remitida a las intermediarias de la Coroico.

Millones. Para el Inases, está claro que este negocio ilegal se aprovecha del dinero proveído por los empleadores, pero los más perjudicados son los beneficiarios: mujeres y niños que con la comercialización de estos alimentos se exponen a la desnutrición. El director ejecutivo de esta entidad, Miguel Ángel Suárez, remarca que de las 45 mil mujeres que reciben los subsidios prenatal y de lactancia, aproximadamente 30% (o sea, cerca de 13.500) los destina a las contrabandistas del rubro, sobre todo en occidente: La Paz, Oruro y Potosí.

“Lastimosamente en la sociedad en que vivimos se da mucho más valor al tema económico que al nutricional”, critica Antezana. Suárez agrega que lo que sucede con los paquetes de subsidios va de la mano con la poca costumbre de consumir lácteos y productos nutritivos de parte de los bolivianos. “Preferimos tomar e invitar una Coca-Cola a un vaso de leche o de jugo natural, por eso nuestro porcentaje en este asunto es el más bajo de la región sudamericana”.  

Según estadísticas de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y del Gobierno, cada boliviano consume sólo 30 litros de leche al año, cuando en América Latina la media es de 105 litros (es decir, 29% menos), y en los países desarrollados, de 256 litros. Inclusive, en Bolivia se consume más litros per cápita de cerveza: 39, promedio que sube 10% cada año; mientras que el de la leche asciende entre 1 y 2%.

Hay informes que avalan de la necesidad de la población para acceder a alimentos con alto valor nutricional. Un documento publicado en diciembre del año pasado por Acción Internacional para la Salud (AIS) establece: “Un 27% de los niños bolivianos menores de cinco años sufre por la falta de nutrientes necesarios para su supervivencia y desarrollo”. Más todavía: “Una de cada tres personas a escala nacional y cinco personas en el ámbito rural no pueden acceder a la canasta básica alimentaria por falta de recursos”.

No obstante, hay avances en la lucha contra la desnutrición. El ministro de Salud, Juan Carlos Calvimontes, informa que, en ello, tiene incidencia el bono Juana Azurduy de entre 120 y 150 bolivianos que se entrega a madres gestantes y en tiempo puerperal (periodo que transcurre desde el parto hasta que la mujer vuelve al estado ordinario anterior a la gestación) y a bebés hasta sus dos años. En los últimos tres años, la mortalidad infantil en menores de dos años se redujo de 54% a 43%, y la mortalidad materna cayó de 280 a 180 muertes año.

Pero, ¿cuál es el monto económico que empleadores estatales y privados terminan destinando no sólo para la dotación de los subsidios prenatal y de lactancia, sino para financiar los réditos de los contrabandistas de ramo? Suárez explica que de las 45 mil beneficiarias mensuales, mitad trabaja en el sector público, y la otra, en el privado. El Estado invierte poco más de 22 millones de bolivianos al año en el rubro, y las empresas una cifra similar; es decir, en conjunto asignan más de 44 millones de bolivianos anuales.   

Los cálculos continúan. Si 30% (unas 13.500) del total de adjudicatarias vende sus subsidios, ello involucra que poco más de 13,2 millones de bolivianos al año caen en las redes del mercado negro. Sin embargo, si se toma en cuenta que los intermediarios terminan pagando, en promedio, la mitad del valor de los paquetes de sus clientes ocasionales, entonces, se deduciría que solamente 6,6 millones de bolivianos anuales (más de medio millón al mes) están a merced de las movidas que realizan tanto intermediarios como minoristas o mayoristas de esta cadena ilícita.

¿Y quién controla este negocio tras bambalinas, que opera y expone sus botines en vías públicas de La Paz y El Alto? De acuerdo con los lineamientos del Reglamento de Asignaciones Familiares, los responsables de la aplicación y cumplimiento de estos subsidios son el Ministerio de Salud, el Inases, los entes gestores del Seguro Social de Corto Plazo, el Instituto Nacional de Laboratorios en Salud, los empleadores, los beneficiarios, los proveedores, los distribuidores, la Policía Nacional y las intendencias municipales.

Fiscalización. “La Policía Nacional, en coordinación con el Inases, debe colaborar con la identificación de los beneficiarios y/o terceros que comercialicen los productos del subsidio para proceder al decomiso correspondiente (…), lo mismo que los gobiernos autónomos municipales a través de la Guardia Municipal, Intendencia y otros relacionados”, señala la norma. No obstante, el control de las autoridades brilla por su ausencia en puertas de las distribuidoras de PIL en La Paz y El Alto.

Así lo evidenció Informe La Razón en su visita a estos sitios. Los únicos gendarmes que controlaban el proceso de entrega de alimentos en La Paz eran aquéllos que portaban el uniforme de la empresa PIL, cuya labor se restringía al interior de la agencia. “Antes salíamos a vigilar que no se vendan los productos, pero desde hace un tiempo nos prohíben salir.  Nunca vienen policías, ni de la Intendencia, por eso (las minoristas) compran y venden a su gusto”, comentó el guardia Mario Quispe.

Suárez subraya que si se descubre a un beneficiario vendiendo su subsidio y es la primera vez, ello amerita una llamada de atención; a la segunda, se le decomisa sus productos, y a la tercera, se le suspende la dotación del paquete. Eso sí, la confiscación de los alimentos comercializados en las calles está a cargo de las intendencias. Sin embargo, el mayor Marcelo Barraza, intendente de El Alto, arguye que no hay operativos porque desconoce del contrabando de los alimentos de los subsidios.

Antezana, de la Intendencia de La Paz, informa que los “frutillitas” ahora se dedican más a la investigación y revela que las pesquisas involucran a dos funcionarios de la distribuidora de PIL Andina, que “enganchan” a las intermediarias con los interesados en ofertar sus subsidios e incluso las ayudan a eludir el control de los uniformados; ahora, se recaban más pruebas contra ellos. Humberto Arandia, coordinador general de PIL Andina en La Paz, anuncia que si hay una denuncia fundamentada, se despedirá a los involucrados; aunque lo considera poco probable porque en la compañía hay controles internos que evitan cualquier filtración de datos.

No hay detenidos ni ley que castigue a minoristas, intermediarios o mayoristas. Así, Regina, Eulogia y Geovanna, y muchas otras, siguen con el comercio de los productos de estos subsidios, que desde este mes serán equivalentes al nuevo salario mínimo: 1.000 bolivianos. O sea, aspiran a más ganancias. Pero ello apunta a cambiar con una nueva norma que da más prerrogativas a las autoridades (leer nota de la página 9), para que de una vez se cumpla esa leyenda que dice: Prohibida su venta.

Obligaciones y derechos en cuanto a los subsidios

• El empleador (público o privado) debe afiliar al trabajador y depositar mensualmente a la distribuidora el equivalente de un salario mínimo para el pago del subsidio prenatal o de lactancia. Todo ello es canalizado por el Instituto Nacional de Seguros de Salud (Inases), mediante las planillas y facturas de las beneficiarias. Además, entrega la boleta del subsidio de preferencia a la trabajadora, o a la esposa o cónyuge del trabajador.
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• El beneficiario (en caso de ser varón) tiene la obligación de afiliar a su esposa o cónyuge y al recién nacido en un plazo no mayor a 30 días. Aparte de recoger mensualmente los productos del subsidio prenatal y de lactancia, consumir los productos y denunciar al Inases el incumplimiento de la normativa.
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• Los proveedores de los productos de los subsidios, al ser empresas públicas, privadas, individuales, asociaciones, organizaciones económicas campesinas o comunidades originario campesinas, deben proporcionar alimentos con alto valor nutritivo. Para hacerlo, deben contar con infraestructura adecuada para la elaboración, almacenamiento y conservación, cumplir las normas de higiene y calidad, y capacidad de transporte y producción. 
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• Para recibir el beneficio, el trabajador (esposa, cónyuge u otro familiar) debe presentar boletas de subsidio y/o planilla de su institución, su cédula de identidad, o de necesitarse, la autorización de la beneficiaria.
• Otras asignaciones familiares son: el subsidio de natalidad, es la entrega a la madre gestante asegurada o beneficiaria de un pago único equivalente a un salario mínimo nacional, y se paga al nacimiento de cada hijo; el subsidio de sepelio, es el pago de un salario mínimo nacional por el fallecimiento de cada hijo menor de 19 años, previa presentación del certificado de defunción, y el subsidio de cesantía, que consiste en subsidios en especie si el trabajador queda cesante por causa injustificada, voluntaria y/o forzosa, por lo que seguirá percibiendo asignaciones familiares.

Sólo dos operativos por mes

De tres operativos mensuales que la Intendencia Municipal de La Paz realizaba para la detección e incautación de productos de contrabando de los subsidios prenatal y de lactancia, ahora sólo implementa dos, informa Boris Antezana, asesor jurídico de la Unidad de Control de esta dependencia.

Alega que el motivo es que los equipos de guardias ediles, comúnmente denominados “frutillitas”, hoy dedican más tiempo a la investigación para descubrir depósitos de acopio de estos alimentos y reunir pruebas para allanarlos. Incluso elaboran una lista de los infractores ante la próxima aprobación de una nueva normativa que establecerá sanciones en el rubro.

Las redadas apuntan, sobre todo, a la venta de estos artículos de parte de las “minoristas” del rubro, que se instalan por las noches en inmediaciones de calles como la Mercado, la Ballivián y la Comercio o la plaza Eguino. Y también involucra a las “mayoristas” que los ofertan en mercados como La Tablada, o la Garcilazo de la Vega y el pasaje Ortega.

El Reglamento de Asignaciones Familiares dicta que “la Policía Nacional, en coordinación con el Instituto Nacional de Seguros de Salud (Inases), debe colaborar con la identificación de los beneficiarios y/o terceros que comercialicen los productos del subsidio para proceder al decomiso correspondiente (...) lo mismo que los gobiernos autónomos municipales a través de la Guardia Municipal, Intendencia y otros relacionados”.

Lo incautado es remitido a los almacenes de la Intendencia, donde los alimentos pueden estar máximo por 48 horas, ya que se trata de productos perecederos, sobre todo en cuanto a los lácteos. Por ello, de acuerdo con Antezana, como establece la norma, luego son remitidos a hogares municipales de infantes u organizaciones no gubernamentales que cuidan a menores. 

El mayor Marcelo Barraza, de la Intendencia de El Alto, admite que desconoce la oferta irregular de artículos que conforman los paquetes de subsidios, a pesar de que ello es común en la feria 16 de Julio de El Alto, por ejemplo. Sobre la venta por parte de los adjudicatarios de estos beneficios, arguye que no hay control porque “no sería prudente estar detrás de los padres para ver qué hacen con estos productos”.

Coordinación. El decomiso de estos alimentos no es tarea fácil. Antezana recuerda: “Una vez intentamos incautar tarros de leche y quesos (de los subsidios) a una señora que los comercializaba al frente de la Cámara de Diputados, pero comenzó a llorar y a gritar que le estábamos robando. La gente y varios diputados no dejaron que procedamos”.

Aparte, en los mercados populares las vendedoras ocultan estos productos en sus depósitos o debajo de sus tarimas. Incluso pasan la voz cuando hay “frutillitas” por los alrededores. Con todas estas limitaciones, informa el funcionario municipal, se consigue decomisar entre 100 y 150 alimentos subsidiados en los operativos.

Y si bien el reglamento ordena la coordinación entre la Policía, las intendencias y el Inases, ello no se cumple. El director del Inases, Miguel Ángel Suárez, comenta que en los dos años que ocupa su cargo nunca participó en alguna batida conjunta. No obstante, esto pretende dar un giro de 180 grados desde el próximo mes.

Plantean encarcelar a acopiadores

Desde julio se endurecerá la lucha contra el comercio ilegal de los alimentos que conforman los subsidios prenatal y de lactancia. Para ello, se pretende la aprobación de un Documento de Decomiso que determine encarcelar a los acopiadores y sanciones más drásticas para los beneficiarios que lucran con sus paquetes de asignaciones familiares.

La propuesta, que se encuentra en la etapa de socialización nacional, es resultado de un consenso entre las intendencias municipales de las nueve ciudades capitales del país, el Ministerio de Salud representado por el Instituto Nacional de Seguros de Salud (Inases) y la Policía Nacional; mediante ella, estas entidades crean el Comité Nacional de Decomiso.

Los operativos pretenden identificar a los vendedores de estos productos, sean beneficiarios o terceras personas. Se elaborarán listados de los involucrados, y en el caso de los intermediarios, minoristas o mayoristas del rubro, los guardias ediles elevarán un informe de los que sean encontrados in fraganti, para que el Inases los denuncie ante el Ministerio Público.

DRÁSTICOS. En el caso de los contrabandistas que cuentan con depósitos en los que acopian paquetes de subsidios, se busca que esta norma se apoye en la Ley 100, de Desarrollo y Seguridad de las Fronteras, promulgada en abril de 2011 y que se aplica para hidrocarburos, alimentos con subvención directa del Estado y mercancías sujetas a protección específica. 

Ésta incorpora el artículo 226 bis en el Código Penal de marzo de 1997, que establece: “El que almacene o comercialice diésel oíl, gasolinas o gas licuado de petróleo, sin estar autorizado por la entidad pública competente, será sancionado con privación de libertad de tres (3) a seis (6) años y confiscación de los bienes e instrumentos para la comisión del delito”.

Trasladando esta prohibición al ámbito de los subsidios, el asesor jurídico de la Unidad de Control de la Intendencia Municipal de La Paz, Boris Antezana, señala que les autorizaría a allanar los depósitos que las intermediarias alquilan en las inmediaciones de la distribuidora de PIL Andina en la Calle Coroico de la ciudad; algo que no puede realizar actualmente.

El salvoconducto para esto procedería tras la verificación de una denuncia o pesquisa, y una orden remitida por la Fiscalía para que la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) colabore en la incautación de los alimentos que se encuentren en estos lugares. Incluso, Antezana confirma que se identificó tres de los cinco almacenes ocultos que Informe La Razón descubrió en ese barrio de la zona Central.

“Se trata de lugares privados, como casas o ambientes alquilados a los que sólo podremos ingresar con un aval de allanamiento del Ministerio Público y con efectivos de la FELCC”. Explica que la misión no solamente es decomisar estos alimentos prohibidos para su venta, ya que éstos igual pueden atentar contra la salud de la población porque se hallan almacenados en condiciones inapropiadas.

El funcionario adelanta que se elabora una lista de infractores para presentarla hasta julio a las autoridades, cuando entrará en vigencia este Documento de Decomiso que propone dos megaoperativos anuales en cada departamento y una mejor coordinación entre las instituciones encomendadas a fiscalizar este tema. Aparte, lo incautado será entregado en un plazo no mayor a 24 horas a hogares de beneficencia social y se procederá a la incineración de los productos vencidos.

A la par, una norma de estas características y el trabajo conjunto permitirán que los guardias municipales no sufran ataques en las redadas. “En los operativos la gente se molesta cuando les quitamos sus productos, alegando que son los propietarios y que los venden por necesidad, y hasta los transeúntes arremeten contra nosotros”, denuncia Antezana.

Pero también se pretende sanciones más duras contra los beneficiarios que ofertan sus subsidios. Hasta ahora, cuando éstos eran descubiertos por primera vez, recibían una llamada de atención; en la segunda ocasión, se les decomisaba sus paquetes, y a la tercera, perdían de manera definitiva la dotación de los productos, según Miguel Ángel Suárez, director ejecutivo del Inases.

Antezana devela que el planteamiento gira en torno a que estas personas ya no tengan derecho a la otorgación del beneficio desde la primera contravención, lo que incluye que, al momento de elaborar las actas de decomiso, se les exija cédula de identidad y boleta de recojo y/o planilla de subsidio. E igualmente se elevaría una “lista negra” de los involucrados.

Desde julio, según Suárez, la fiscalización contará incluso con la participación de miembros del Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción y el Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria, porque la comercialización de estos artículos será considerada un delito que va en contra de la seguridad alimentaria.