ESTADOS UNIDOS (ANBOLIVIA
/ El Deber).- El general
René Sanabria, que desde el año pasado cumple condena en Estados Unidos por
conspiración para ingresar droga a ese país, afirmó que hay funcionarios
públicos del Gobierno actual implicados en narcotráfico y desafió al exministro
Sacha Llorenti y al exviceministro Marcos Farfán a revelar los informes
que incluyen nombres y pruebas.
Sanabria, en una carta que envió a El Deber y a la red Univisión de
Estados Unidos, a través de su abogada, Sabrina Puglisi, sostiene que “es un
deber del exministro de Gobierno Sacha Llorenti dar a conocer la identidad de
funcionarios públicos involucrados en delitos y actos de corrupción de
narcotráfico, según indicios y pruebas acopiadas por las investigaciones del
Cigein”, en alusión al Centro de Inteligencia y Generación de Información,
unidad de inteligencia que dirigió durante la actual gestión del presidente Evo
Morales.
El general retirado de la Policía Boliviana, que durante dos gestiones
encabezó la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico antes de que el
actual Gobierno lo pusiera al frente del recién creado Cigein, también negó que
su esposa, Lourdes Nava, prófuga, y su hijo, Víctor Hugo Sanabria Nava, preso
en La Paz y bajo proceso por enriquecimiento ilícito, sean los responsables de
robar o quemar documentos de las oficinas del Cegein.
En cambio, Sanabria afirma en la misiva que funcionarios del Cigeim, en
declaraciones que han brindado a los fiscales que investigan el caso en
Bolivia, dieron cuenta de que fue el exviceministro de Gobierno Marcos Farfán
dependiente del ministro Llorenti, quien se llevó de las oficinas del Centro de
Inteligencia los documentos, respaldos en computadora y libro de novedades de
un año de trabajo.
Gerardo Reyes, director de la unidad de investigación de la red
televisiva estadounidense Univisión, que recibió una copia de la carta de
Sanabria, dijo que ayer le dedicó el segundo segmento del noticiario nocturno a
la carta que también recibió del general boliviano. Al texto le agregó
declaraciones de la abogada Puglisi.
“Presentamos la nota poniendo énfasis en que este documento supone un
cambio en la actuación de Sanabria, pues al principio dijo que no iba a
comprometer a nadie más en el caso de tráfico de drogas. Pero ahora en la carta
afirma que están involucrados otros funcionarios públicos del Gobierno de
Bolivia. También comenté al aire que este cambio se puede entender por los
problemas jurídicos que sufren tanto su esposa como su hijo por este caso”, dijo.
Reyes, que estuvo en Bolivia el año pasado para grabar un documental
sobre la supuesta implicación de funcionarios de Gobierno en el caso de
narcotráfico que hizo caer a Sanabria, agregó que considera lo más llamativo de
la carta del general la denuncia de que se oculta un informe sobre una
investigación sobre tráfico de drogas.
El Deber intentó contactar ayer en La Paz a Llorenti y a Farfán para
conocer sus versiones, pero fue imposible ubicarlos debido a que ambos están
marginados de la función pública. Los dos están bajo proceso por la represión a
los indígenas del Tipnis, en Chaparina, el 25 de septiembre del año pasado.
El tercer aludido en la misiva de Sanabria es Fernando Rivera, que
permanece en el cargo de asesor jurídico del Ministerio de Gobierno. Ayer, ante
la consulta formulada por EL Deber
, respondió: “Este tema no fue puesto en conocimiento de la autoridad. La
nota tal vez está llegando vía Ministerio de Relaciones Exteriores o el
consulado y en su momento nos harán llegar al Ministerio Público para que
se pueda investigar. Eso es lo que corresponde”.
Sanabria fue detenido en Panamá el año pasado, tras una operación
encubierta de la DEA, y admitió en un juicio en Miami haber conspirado para
ingresar droga a EEUU. Ahora cumple una condena de 14 años de prisión.
Miami, 22 mayo
2012
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