LA PAZ, BOLIVIA (ANBOLIVIA
/ Erbol).- El caso del
exviceministro de la Mediana y Gran Empresa, Eduardo Peinado, pone nerviosos a
algunos funcionarios públicos, es el caso de la fiscal Edna Montoya, quien
desde hace casi dos años es la responsable de investigar lo que ocurrió con la
estatal Papebol.
Cerca de las 11.00 horas del miércoles, un periodista de Erbol se
constituyó en la oficina de la representante del Ministerio Público para
indagar sobre el estado de las investigaciones. Después de una espera de 15
minutos, la asistente de Montoya lo invitó a pasar a su despacho; una vez
adentro, la fiscal le preguntó al periodista cuál era el motivo de su visita,
éste le dijo que quería averiguar en qué estado se encontraban las
investigaciones referidas al exviceministro Peinado y el caso Papelbol.
Apenas enterada del motivo de la visita, la fiscal frunció el ceño y
sorprendida le pidió al periodista que le reiterara la pregunta, éste volvió a
consultarle por el caso Peinado, a lo que Montoya le respondió que no le podía
decir nada bajo el argumento de que la Constitución Política del Estado le
prohibía emitir algún criterio o proporcionar información sobre un determinado
caso.
Para justificar su posición, Montoya empezó a buscar el artículo que
supuestamente le prohibía hablar. Ojeó una y otra vez su Constitución y al no
encontrar lo que buscaba se puso nerviosa y llamó a su asistente para que
invitara al periodista a salir de su despacho.
Artículos de la CPE
El artículo 21 de la Constitución Política del Estado, en su numeral 6,
señala que los bolivianos y bolivianas tienen derecho: “A acceder a la
información, interpretarla, analizarla y comunicarla libremente, de manera
individual o colectiva”.
Otro artículo del texto constitucional que hace referencia al derecho a
la información es el 106, en el que específicamente se menciona que: “El Estado
garantiza el derecho a la comunicación y el derecho a la información”.
También existe otra norma que respalda el derecho a la información cuando
se trata de hechos que tienen que ver con corrupción pública, es la Ley
“Marcelo Quiroga Santa Cruz” o Ley de Lucha Contra la Corrupción,
Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas.
El caso arrancó en
julio de 2010
Ante la negativa de Montoya, el periodista de este medio se dirigió a la
oficina del fiscal anticorrupción, Aldo Ortiz, quien lo recibió muy
amablemente. De inicio no se acordaba del caso, pero una vez que revisó en su
computadora dijo que el mismo arrancó en julio de 2010 a cargo del fiscal Félix
Peralta y luego de tres meses (octubre de ese mismo año) el expediente pasó a
manos de su colega Edna Montoya.
Una de las última declaraciones de la fiscal Montoya sobre el caso
Peinado fue el 9 de febrero de este año, oportunidad en la cual anunció que
pediría la detención preventiva del exviceministro de la Mediana y Gran
Empresa, Eduardo Peinado, por daño económico al Estado, uso indebido de
influencias y otros delitos que habría cometido durante la instalación de la
planta estatal Papeles de Bolivia (Papelbol) en Villa Tunari, Cochabamba.
Han pasado casi cuatro meses de ese anuncio y hasta ahora no hay nada
concreto y la encargada de las investigaciones de este polémico caso prefiere
guardar silencio y el investigado, Eduardo Peinado, quien supuestamente tiene
orden de detención domiciliaria, trabaja en Jindal Steel Bolivia como Gerente
de Relaciones Institucionales, sin que hasta ahora haya aclaro el daño
económico de 13.571.010 dólares.
“Peinado goza de protección porque tiene un pariente muy fuerte en el
gobierno”, aseguró una fuente consultada por Erbol Digital. ¿Quién es ese
pariente tan poderoso? “El mismo pariente debiera revelarse por moral; sólo así
se explica que no haya avanzado el juicio”, declaró esta misma fuente respecto
al curso de las investigaciones sobre este caso que se produjo en 2007.
La Paz, 24 mayo 2012
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